Texto escrito por la Brigada de Intercambio del Movimiento Sin Tierra en México, en su visita a la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos: Con Justicia y Paz encontramos la verdad,
17 de julio de 2014, El Limonar Ocosingo, Chiapas
MST.- El jueves (17/07), pueblos de seis ejidos en Chiapas, denunciaron a autoridades agrarias por violaciones de derechos y provocaciones de conflictos agrarios en sus territorios.
La denuncia se realizo durante una rueda de prensa, en la víspera de la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) – Caso Viejo Velasco, Con Justicia y Paz encontramos la Verdad, a llevarse a cabo este viernes (18/07) en Limonar, Ocosingo, estado de Chiapas, México.
La violación de los derechos indígenas en Chiapas ocurre desde hace algunos años. Innumerables ejidos han sido afectados, entre ellos: Cuauhtémoc Cárdenas, Lancajá Tsetal, Ojo de Agua, Nuevo Francisco Leon, Joltulijá, Nuevo Tila, cuya población ha sido víctimas de amenazas, divisiones internas, invasiones del área de producción agrícola y reservas naturales, e incluso agresiones físicas fomentadas por representantes del Estado y aplicadas por ex-compañeros o miembros de otras comunidades.
“Violaron nuestros derechos como pueblos indígenas a poseer, utilizar y controlar nuestras tierras,
territorios y recursos naturales, establecidos en los artículos 25, 26 y 27 de la Declaracion de la ONU de los pueblos indígenas”, contestaron en una parte de las denuncias.
Los hechos han sido una práctica recurrente en el estado de Chiapas desde hace 20 años cuando inició el levantamiento de los insurgentes zapatistas y la resistencia de los pueblos en contra de los proyectos e iniciativas gubernamentales puestos en práctica por el Estado mexicano.
“Los programas sólo llegaron para dividir la comunidad”, afirman. De acuerdo con las denuncias,
las autoridades agrarias mexicanas han violado insistentemente la Ley Agraria y su reglamento al imporner el PANAR (Programa de Apoyo a Núcleos Agrários sin Regularizar), sin hacer
convocatoria prévia para asambleas generales de los ejidos que son quienes deben aprobar los programas y acciones gubeernamentales en sus territorios.
Este despojo busca defender los intereses capitalistas en América Latina, como la privatización y comercialización de las tierras, expulsión de los trabajadores indígenas y campesinos de sus territorios, y destrucción de los procesos de autonomia y propuestas colectivas de trabajo. Por eso el ataque frontal a la Constitución Mexicana, en especial el artículo 27, al fomentar divisiones internas en las comunidades y a grupos paramilitares financiados por el gobierno, además de la guerra sucia contra los pueblos en lucha y en resistencia.
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