Hilda Legideño y Bernabé Abraján después de dar testimonio ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 18 de febrero de 2015.- El pasado 2 y de 3 de febrero, por primera vez el Estado mexicano compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), para que éste evaluara el cumplimiento de México en cuanto a sus obligaciones contraídas al ser Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del CED.
El CED ha emitido sus preocupaciones y recomendaciones al Estado mexicano, respecto al tema de desaparición forzada. Para el CED la información que recibió con anterioridad ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de México y el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada, en septiembre de 2014 en Guerrero, ilustra los serios desafíos que México tiene en materia de prevención, investigación, sanción de responsables y búsqueda de personas desaparecidas.
El Comité indica con preocupación la falta de información de datos precisos sobre el número de personas desaparecidas forzadamente en México y que impide conocer la magnitud de este flagelo, incluyendo el número de migrantes y de menores de edad.
En cuanto a la responsabilidad penal, el CED manifiesta su preocupación por la impunidad respecto de los casos denunciados y que se manifiesta en la casi inexistencia de personas condenadas por el delito de desaparición forzada. También ve con preocupación las amenazas hacia los familiares de desaparición forzada y hacia las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas. Enfatiza la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan los derechos de las mujeres y niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.
Entre sus recomendaciones el Comité “alienta enérgicamente” al Estado Mexicano a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de casos. También lo llama a contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito, además de aprobar en la mayor brevedad posible una ley que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada, entre otras recomendaciones.
Para este Centro de Derechos Humanos, las preocupaciones y recomendaciones del CED dan cuenta de una emergencia nacional por las desapariciones forzadas y reflejan la política de represión en continuidad con gobiernos anteriores que ocultan y administran la crisis de las instituciones del gobierno mexicano, responsable por lafalta de investigación seria y responsable.
En cuanto a hechos de desaparición forzada en Chiapas, elgobierno mexicano sigue sin reconocer su involucramiento en esosacontecimientos, a pesar de la existencia de informes y manualesque revelan su actuación en planes de contrainsurgencia, donde suobjetivo es detener el reclamo de derechos y legítimas demandasde los pueblos. En este contexto, las desapariciones forzadas enChiapas han sido desde su historia reciente una de las formas decontrol social.
Es necesario que se conozca el paradero de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se encuentre a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se haga justicia. Familiares y sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que fueron cometidas las violaciones a derechos humanos.
