Expertos internacionales instan a Peña Nieto a esforzarse por los 43 de Ayotzinapa

(15 de octubre, 2015 | Washington, D.C.) En una carta abierta dirigida al Presidente de México Enrique Peña Nieto, Robert F. Kennedy Human Rights junto a expertos en derechos humanos hacen un llamado al gobierno mexicano a realizar el máximo esfuerzo en la determinación del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes fueron desparecidos forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, México.

Un reciente informe realizado por un panel independiente de expertos internacionales, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un acuerdo entre el gobierno de México y las familias y representantes de los estudiantes, expuso graves errores en el proceso de investigación sobre el caso adelantado por el gobierno, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios. Los hallazgos del grupo desvirtúan las conclusiones de la Oficina del Procurador General de la República sobre el motivo o los métodos de los crímenes; por el contrario, los expertos independientes concluyeron que los aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles.

Considerando los preocupantes hallazgos reflejados en el referido informe, esta carta insta al Presidente Peña Nieto a implementar todas las recomendaciones de los expertos sobre el caso. Más específicamente, la carta exhorta al gobierno mexicano a determinar el paradero de los estudiantes, abrir nuevas líneas de investigación, entrevistar a miembros del ejército mexicano que puedan haber participado en los crímenes, garantizar la atención adecuada y sostenida a las víctimas y resolver el problema de desapariciones forzadas en México de manera más amplia.

La carta también apoya el llamado de los familiares de las víctimas a extender el mandato del grupo de expertos independientes el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos y determinar dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación del grupo de expertos resulta crucial.

Robert F. Kennedy Human Rights y los firmantes continuarán monitoreando el caso de los alumnos de Ayotzinapa.

15 de octubre, 2015

Presidente Enrique Peña Nieto

Oficina de la Presidencia de la República

Residencia Oficial de Los Pinos

Estados Unidos Mexicanos

Distinguido Señor Presidente:

Escribimos la presente para expresar nuestra profunda preocupación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, e instar a su gobierno a disponer el mayor esfuerzo y compromiso para determinar su paradero y proporcionar verdad y justicia a las víctimas, sus familiares y al pueblo de México en este atroz acontecimiento.

Elogiamos el informe recientemente publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con las familias de los estudiantes y su gobierno para investigar el caso de Ayotzinapa. Asimismo, valoramos positivamente el consentimiento de su gobierno para extender el mandato del grupo. Apoyamos el llamado de las familias para que el mandato del GIEI se extienda el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos y descubrir dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación e investigación del GIEI resulta crucial.

Como usted sabe por el informe presentado a su gobierno, el GIEI descubrió múltiples y preocupantes errores en la investigación de los hechos, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios. Los hallazgos del GIEI no coinciden con las conclusiones de la Procuraduría General de la República sobre el motivo o los métodos en que se perpetraron los crímenes; por el contrario, el GIEI determinó que varios aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles. El GIEI no encontró ninguna evidencia contundente que sostuviera la teoría principal del gobierno de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Además, el GIEI dejó claro que hay otras líneas de investigación y otros actores cuya participación tienen que ser totalmente aclaradas, incluyendo miembros del ejército mexicano y otras instituciones federales. Aún más, el informe encontró que tanto policías estatales y federales, como también miembros del ejército mexicano, tuvieron conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus conciudadanos.

Entendemos que la Procuraduría General de la República se encuentra analizando el informe para determinar cómo incorporar sus hallazgos en la investigación del gobierno. Es por eso que instamos de la manera más atenta a la Oficina del Procurador General de la República a incluir todos los aspectos del estudio del GIEI e implementar todas las recomendaciones de los expertos. Especialmente instamos al gobierno a tomar las siguientes acciones:

• Continuar la búsqueda de los estudiantes. Con base en la evidencia disponible, el GIEI no pudo determinar el paradero de los estudiantes. Mientras que los estudiantes permanezcan desaparecidos, el caso debe ser considerado como una investigación abierta de desapariciones forzadas.
•  Reorientar las líneas de investigación. Para empezar, es necesario que una nueva unidad de investigación sea asignada al caso. Es fundamental que se realice una revisión del motivo de los crímenes, incluyendo una posible conexión con un quinto autobús que al parecer pudo haber estado involucrado en el transporte de drogas ilícitas. Tanto instalaciones privadas como de gobierno donde los estudiantes pudieron haber sido llevados deben ser investigadas.
• Permitir que al GIEI entrevistar a todas las autoridades. Se necesita de manera urgente el testimonio de todas las autoridades que estuvieron presentes durante los incidentes, incluyendo el ejército mexicano y la policía federal. Por ejemplo, al GIEI se le debe permitir entrevistar de forma directa a los miembros del 27vo Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes pudieron haber desempeñado un papel de suma relevancia en los acontecimientos de esa noche.
• Garantizar la atención adecuada a las víctimas. Implementar el acuerdo de asistencia jurídica, social, psicológica y médica a las familias. Consolidar mecanismos de comunicación con las familias. Fortalecer los mecanismos de protección a los testigos.
• Resolver el problema de desapariciones forzadas en México. Crear un registro nacional de las personas desaparecidas integrado con el registro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y estandarizar la información sobre los restos mortales no identificados. Implementar protocolos efectivos y unificados tanto para búsquedas inmediatas como para las investigaciones penales en todos los casos de posible desaparición forzada. La nueva Ley General sobre Desapariciones debe incorporar los aportes de la sociedad civil y los grupos de víctimas.

A más de un año de sus desapariciones, el paradero de los estudiantes sigue sin conocerse, pese a la declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la “verdad histórica” sobre el caso ya se había resuelto. Para el inmenso pesar y desesperanza de las familias de los estudiantes, sus seres queridos aún no regresan a casa.

Cabe mencionar que durante la investigación y búsqueda de los estudiantes en el último año, casi 300 casos adicionales de desapariciones en la zona de Iguala han salido a la luz. Aún más, el registro nacional de personas desaparecidas contiene actualmente más de 25.000 casos de personas que desaparecieron entre 2007 y julio de 2015.

Si bien valoramos la reunión que sostuvo con los familiares de las víctimas el pasado 24 de septiembre, le urgimos a aumentar los esfuerzos de su gobierno respecto al caso. Es imperativo que el gobierno despliegue el mayor esfuerzo, recursos, responsabilidad, cuidado y compromiso, no sólo para encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino también para poner fin a la crisis de las desapariciones forzadas y la impunidad de estos crímenes en México.

Nosotros continuaremos monitoreando el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y los informes que indican el elevado número de desapariciones forzadas en México.

Agradecemos de antemano su atención brindada hacia la resolución de este grave asunto.

Sinceramente,