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En Guerrero tanquetas para quienes luchan por la educación.
18 de octubre de 2015.- Aunque fueron sacados como criminales extremadamente peligrosos en una tanqueta y 3 autobuses repletos de policías federales al ser consignados al penal de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero ya fueron liberados bajo fianza este 16 de octubre los 6 normalistas del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG): Óscar Ener Cortes de los Santos, Ismael Calixto Morales, Michel Geovanni García Díaz, Erxavit Gómez García, Juan Antonio Alzati Ramos y César Leonardo Guillén. El FUNPEG agrupa a las 9 normales del estado de Guerrero y estos días se moviliza para exigir 708 plazas para docentes en escuelas del estado.
El 14 de octubre fueron detenidos por policías federales en la caseta de La Venta al filo de la medianoche sobre la autopista del sol, y el 15 de octubre, 18 horas después, mucho antes de que se cumplieran las 48 horas constitucionales fueron consignados al penal de Las Cruces por privación ilegal de la libertad, violando la constitución.
Se les acusa de privación ilegal de la libertad del chofer Jesús Muñoz García, al realizar la toma de un autobús de la línea Estrella de Oro para acudir a una negociación con el gobierno federal a la ciudad de México. Las tomas de autobuses en México son históricas, y hay acuerdos previos con las empresas y con el chofer que va en cada unidad al momento de la toma. Por lo que la causal de “privación ilegal de la libertad” no se cumple en la toma de un autobús realizada con el consentimiento del chofer, dado que el chofer no era rehén, no estaba retenido y no se buscaba obtener por él un beneficio económico ni se le causaron daños.
Cabe señalar que las tomas de autobuses se dan regularmente luego de que agrupaciones estudiantiles envían oficios a los gobiernos locales haciéndoles saber la necesidad de autobuses para salidas concretas, sea de prácticas estudiantiles, para asistir a manifestaciones o como en este caso para asistir a mesas de trabajo con alguna autoridad, generalmente educativa o en general ejecutiva. Y la toma se da regularmente tras la respuesta negativa del gobierno local.
10 mil pesos de fianza se tuvo que pagar por cada normalista para que continuaran bajo proceso en libertad. La imposición de procesos con expedientes fabricados es una de las formas en que en las décadas recientes el gobierno mexicano intenta disuadir a la gente organizada de ejercer sus derechos a la manifestación, asociación, libertad de expresión y a reivindicar otros derechos, como en este caso el derecho al trabajo y el derecho a la educación para todos y todas.
El gobierno interino de Rogelio Ortega será recordado por la dureza con que atacó al movimiento normalista y magisterial guerrerense justo después de la masacre de Iguala y la desaparición de los 43. También será recordado el papel de la represión burocrática jugado por Salvador Martínez della Rocca. Un gobierno interino que no cambió de tono respecto del de Ángel Aguirre y que continuó con la fabricación de expedientes, las órdenes de aprehensión contra estudiantes, normalistas y profesores, el cierre de filas con la reforma educativa, la negación a una política educativa que respondiera a las demandas populares enarboladas por normalistas, maestros y maestras, y que tuvo su saldo de muertos, heridos, presos políticos y perseguidos judicialmente.