Denuncian al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de derechos Humanos por muerte y tortura de normalistas de Ayotzinapa en 2011
- El caso es emblemático de la crisis de derechos humanos documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su pasada visita in loco a México en septiembre de 2015.
- A cuatro años de la represión en la Autopista del Sol, en Guerrero, las muertes de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, así como la tortura de Gerardo Torres no han sido investigadas ni sancionadas.
Guerrero, México, 15 de diciembre de 2015.- Las familias de los normalistas rurales de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados durante un operativo policial implementado por agentes estatales y federales, en diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, junto a Gerardo Torres Pérez, normalista víctima de tortura, denunciaron al Estado mexicano frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El 12 de diciembre de 2011, oficiales de la fuerza pública mexicana desalojaron de manera violenta la manifestación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Dos estudiantes normalistas fueron ejecutados extrajudicialmente, Jorge Alexis y Gabriel, tres más fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego; al menos 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad; y un estudiante, Gerardo, fue torturado.
A pesar de la existencia de pruebas que dan cuenta de las violaciones ocurridas, al día de hoy las violaciones denunciadas permanecen en impunidad. El Estado mexicano tampoco ha adoptado medidas necesarias y adecuadas para prevenir y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Es por esto que las víctimas de estas violaciones graves de derechos humanos, junto con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón – ambas integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos-, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hemos presentado una petición individual contra el Estado de México ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los peticionarios solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa en 2011 es un caso ilustrativo de cómo la impunidad alienta a que las violaciones se multipliquen. Si estos hechos hubieran sido diligentemente investigados, sancionados y medidas de no repetición implementadas, sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y quizá no se hubiera detonado la tragedia de esa noche con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de Julio Cesar Ramírez, Julio Cesar Mondragón, y Daniel Solís.
Para los peticionarios la admisión y evaluación de esta denuncia ante el Sistema Interamericano puede ayudar a contribuir con los cambios estructurales que el Estado mexicano necesita en cuanto a la labor de sus fuerzas del orden y el respeto por los derechos humanos en el país.
