El peligro de la incineración en hornos cementeros: caso Gobierno del Estado de Morelos/Sociedad Cooperativa Cruz Azul
En los últimos años la industria cementera ha comenzado a expandir su búsqueda de alternativas al combustible que utilizan para la producción del cemento. Esta búsqueda los ha llevado, no solo a incluir en su listado de residuos peligrosos, industriales, biológico-infecciosos, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), es decir la basura que se produce en nuestras casas; con esto aumentan los riesgos de contaminación; los riesgos de daños a la salud ambiental y humana; así como un retroceso en el manejo de los RSU pues limitan el reciclaje, la reutilización, el reúso y el compostaje.
Para la industria del cemento esta situación se presenta de forma idónea para una crisis que supone serios impactos económicos a las empresas cementeras; pues aprovechado la mala gestión de los RSU por parte de los municipios que ya comienza a generar en problemas serios; esta industria ha comenzado a cobrar una cantidad que va desde los 130 pesos por tonelada hasta los 350; con lo que resulta un endeudamiento para los municipios que llegan a estos acuerdos con las empresas e impactos negativos en las comunidades donde se instalan las plantas cementeras encargadas de co-procesar el combustible derivado de residuos para sus procesos productivos.
Dentro de estas negociaciones de empresas cementeras-municipios las más activas son Cementos Mexicanos (CEMEX) y Holcim; que ya están incinerando o coprocesando que es el nombre que ellos la dan al proceso térmico que utilizan; cientos de toneladas de RSU combinados con otros tipos de residuos. Desde el año pasado la empresa Sociedad Cooperativa Cruz Azul ha entrado en negociaciones con el Estado de Morelos para construir una planta productora de Combustible Derivado de Residuos en la zona metropolitana de Cuernavaca; desde donde diariamente mandarán más de mil toneladas a la planta que esta empresa tiene en Tula, Hidalgo para ser utilizado como combustible alterno; convirtiendo este proyecto en uno de los casos de injusticia ambiental más grandes en el país por diversas razones:
Primero: El proyecto no pasó por una consulta ciudadana ni en Morelos, ni en Hidalgo por lo que no es un proyecto que tenga una aprobación de las comunidades en riesgo.
Segundo: Es un proyecto que viola las leyes de manejo de residuos y de protección ecológica en el Estado de Hidalgo.
Tercero: No contempla la inclusión social de los pepenadores; al contrario los deja fuera del proyecto con lo que genera un impacto socio-económico importante.
Cuarto: Socializa los costos con las comunidades de Hidalgo; aumentando los riesgo de contaminación atmosférica, daños a la salud ambiental y humana; mientras que la empresa y el Estado de Morelos captan las ganancias económicas.
Quinto: Pone en riesgo los planes nacionales y estatales de adaptación y mitigación al cambio climático; donde la industria cementera colabora con más del siete por ciento de los Gases de Efecto Invernadero.
Sexto: Desincentiva un manejo sustentable y sostenible de los RSU; cerrando la puerta a otras formas de gestión que incluso pueden ser más atractivas para los ayuntamientos en cuestiones económicas.
Séptimo: Crea una deuda ecológica, económica y social entre dos entidades federativas.
Es importante mencionar que este proyecto; promovido por el Gobierno del Estado y la empresa sociedad cooperativa Cruz Azul; aunque actualmente no ha comenzado a operar; se corre el riesgo que de ser aprobado; sea un proyecto piloto para muchas otras empresas cementeras; lo cual aumenta el riesgo socio-ambiental; con serias afectaciones a la salud de las comunidades cercanas a las plantas.
Existen propuestas tanto a nivel internacional como nacional de planes de manejo de RSU, basados en la sustentabilidad, en la inclusión social, en la justicia socio-ambiental; los cuales el Gobierno del Estado de Morelos no está contemplando; pero además no permite que los municipios participantes puedan ver estas alternativas como una verdadera gestión sustentable y sostenible de sus Residuos. El gobierno tiene como obligación agotar todas las propuestas basadas en la mejor ciencia posible, apoyándose en expertos en el tema, con investigaciones serias al respecto y no en una empresa cementera que busca su propio beneficio.
Cuando los riesgos son muchos; los impactos comprobados, el principio precautorio la participación ciudadana, la información basada en la mejor ciencia, la transparencia gubernamental; deben funcionar como una alerta del sentido común. No se puede poner en marcha un proyecto que no ha sido puesto en manos de investigadores expertos en el tema y de la ciudadanía, que es quien al final debe decir que es lo que mejor le conviene con toda la información posible. Un convenio como este habla de la poca preparación que se tiene en los espacios tomadores de decisiones, además del cabildeo agresivo por parte de la iniciativa privada para convertir las crisis administrativas de los gobiernos y municipios en oportunidades económicas para ellos.
Más allá del claro nivel de corrupción que se observa en este proyecto que tiene muchas similitudes al convenio firmado por el Gobierno del Distrito Federal y la empresa CEMEX para el uso de más de siete mil toneladas de RSU diarios como parte del CDR de la empresa, lo que se pretende desde el Gobierno del Estado de Morelos que se ha convertido en el promotor del proyecto; incluso más que la propia empresa privada; es crear un modelo de servicios desde los propios gobiernos; para que la iniciativa privada tenga una mayor ganancia y un mayor control de los servicios básicos que requiere cualquier municipio.
Este proyecto como muchos otros de los que se están promoviendo desde la lógica de las reformas estructurales del país; forman parte de una estrategia nacional para la privatización de los bienes estratégicos para el país; tanto los bienes naturales, como los servicios públicos.
Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, LIDECS
