México, D.F. a 19 de enero de 2016.- César Alejandro Castañeda López, integrante de la Brigada de Paz Marabunta y observador de derechos humanos, viajaba en su bicicleta, a la altura del Gran Canal en la Ciudad de México, cuando se percató que un grupo de policías detenía a un motociclista. De inmediato comenzó a grabar la actuación de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y les preguntó de manera respetuosa el motivo de la detención, por lo que seis policías lo detuvieron. Hasta el momento de la publicación de esta alerta se encuentra en la coordinación territorial GAM 2, acusado de ultrajes contra la autoridad.
En el vídeo de Castañeda López se aprecia la desproporcionalidad con la que los policías actuaron. El defensor fue rodeado e interrogado por el motivo de su grabación; los elementos alegaron que era una obstrucción a su labor, a pesar de que las autoridades pueden ser sujetas al escrutinio público y que el defensor en múltiples ocasiones les señaló que en ningún motivo se interpondría en su trabajo. Sin embargo, los policías lo siguieron hostigando, señalaron que un defensor tiene que portar una de identificación y lo remitieron al ministerio público. Acto seguido iniciaron una investigación penal en su contra, situación que es un claro abuso de autoridad y un hecho que pone en peligro a la ciudadanía que habita y transita en la Ciudad de México.
Posted by Cesar Alejandro Castañeda Lopez on Tuesday, January 19, 2016
Derivado de estos actos reiterados en los que ha incurrido la SSPDF diversas instancias de derechos humanos se han posicionado por que se elimine del código penal del Distrito Federal el tipo penal de “ultrajes a la autoridad”, pues se ha utilizado para inhibir la documentación de abusos en los que incurren las autoridades.
Al respecto, mañana, 20 de enero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en la inconstitucionalidad de este delito, previsto en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal, por ser violatorio del derecho a la libertad de expresión, además de que su redacción resulta ambigua y amplia, prestándose a una actuación arbitraria por parte de las autoridades. Por lo que es una oportunidad histórica para declarar la inconstitucionalidad de estos delitos que han sido utilizados para criminalizar a manifestantes y periodistas en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se ha pronunciado en diversas ocasiones, solicitando a la Asamblea Legislativa del D.F. la derogación de este delito, señalando que “ha sido utilizado de manera facciosa con el objeto, no sólo de limitar el ejercicio de la libertad de manifestación, sino para castigar a quienes lo habían ejercido”, en sus Recomendaciones 9/2015, 10/2015, 16/2015 y 17/2015.
ARTICLE 19 exige a las autoridades desistan de perseguir a las personas que documentan asuntos de interés público –como el abuso de poder y corrupción de autoridades– y liberen a César Alejandro Castañeda López. Asimismo, requiere a la PGJDF que libere al defensor de inmediato e investigue a los funcionarios de la SSPDF. Por último, hace un llamado a las autoridades para que protejan la vida e integridad del defensor y realicen las acciones pertinentes para destipificar estos delitos que han violentado de manera sistemática a la ciudadanía. En este sentido se espera que la SCJN tome en cuenta estos hechos para su determinación.