Chiapas: Paramilitarismo y extorsión, el caso de Shulvó

Plantón de desplazados de Shulvó en la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 7 de febrero de 2016.- En la mesa de diálogo sobre los desplazados de Shulvó, Zinacantán, realizada el pasado viernes 5, se pudo observar uno de los rasgos del paramilitarismo en Chiapas: la extorsión, donde los paramilitares siempre salen ganando, el gobierno graciosamente tolera las extorsiones de los grupos paramilitares, y se promete a los desplazados el retorno, sin dar fechas, pero posponiendolo siempre y dejando la fecha final al arbitrio de los grupos paramilitares.

Este viernes 5 de febrero, fray Gonzalo Ituarte convocó a una mesa de diálogo sobre el caso de las 9 familias desplazadas de Shulvó, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con la participación de una delegación de las familias desplazadas, otra de los priístas autores materiales del desplazamiento, el presidente municipal de Zinacantán, acusado de encabezar a los agresores y autoridades del gobierno del Estado.

Las demandas de las familias desplazadas son 5:

1.- Retorno inmediato a nuestros hogares, comunidad de Shulvó.
2.- Reparación de los daños ocasionados por los caciques del PRI.
3.- Castigo para los responsables materiales e intelectuales del desplazamiento forzado.
4.- Reinstalación inmediata de los servicios de agua, electricidad y teléfono.
5.- Alto a las amenazas y hostigamiento a los adherentes de La Sexta de la comunidad de Shulvó, municipio de Zinacantán.

A la demanda de retorno inmediato el gobierno no dió respuesta, y contrario a toda legalidad dijo que los priístas expulsores son quienes decidirán si las familias pueden regresar o no, el próximo 28 de febrero, alargando al menos 3 semanas más el período de desplazamiento, sin que la autoridad haga nada al respecto, y con el resultado previsible de que los priistas paramilitares decidan que los adherentes a La Sexta no pueden regresar. En la misma mesa de diálogo los paramilitares priístas ya señalaron contradictoriamente: “Nosotros no los desplazamos, pero no pueden regresar”, como ya apuntamos en una anterior entrega. El día de hoy nos informan que los

A la demanda de reparación de los daños, las autoridades del gobierno del estado manifestaron que ellas pagarán los daños causados a los adherentes, no firmaron ningún documento al respecto, por lo que solo es una promesa. Sin embargo en la mesa quedó claro que las autoridades no procesarán a los autores materiales e intelectuales del desplazamiento, tercera demanda de las familias desplazadas, por lo que el desplazamiento quedará impune.

Sobre la reinstalación inmediata de los servicios de agua, electricidad y teléfono, cuarta demanda, los paramilitares priístas señalaron que se reinstalaran si pagan las multas de cientos de miles de pesos que ellos mismos impusieron a los adherentes. El gobierno del estado señaló que ellos se encargarán de pagar las multas. Es decir que el desplazamiento y todos los crímenes aledaños cometidos antes y durante el desplazamiento quedarán en la impunidad y más aún los paramilitares priístas de Shulvó serán premiados económicamente por el gobierno del estado. Cabe señalar en cuanto a las multas por el consumo de energía eléctrica que en general en Zinacantán las comunidades se mantienen en huelgas de pago contra las altas tarifas, y los priístas de Shulvó presionan el pago para reducir a los adherentes a La Sexta de esa comunidad.

De la quinta demanda, que exige un alto a las amenazas y hostigamiento contra las familias adherentes ni hablar, en plena reunión los paramilitares priístas intentaron expulsar a parte de la delegación de los adherentes a La Sexta, quienes se organizan en el Municipio Autónomo Vicente Guerrero, y el hostigamiento ha continuado estos días en el plantón en la plaza de la resistencia en San Cristóbal de las Casas, así como las amenazas contra desplazados refugiados en otras casas en la misma comunidad.

Históricamente el gobierno mexicano ha negado la existencia de grupos paramilitares formados, entrenados, financiados y armados por las autoridades. Sin embargo con el tiempo se ha ido desclasificando documentación, principalmente del gobierno de los Estados Unidos, donde se narra parte de la historia de estos grupos paramilitares. A partir de finales de los 90s en Chiapas, como parte de la estrategia de contrainsurgencia se inicia la formación de grupos paramilitares en comunidades en resistencia, las zapatistas y en general las que mantienen una postura de izquierda independiente.

En general es fácil distinguir el actuar de grupos paramilitares ahí donde actúan libremente bajo impunidad, sin que ninguno de sus crímenes sea objeto jamás de un proceso judicial. Así los grupos paramilitares cometen crímenes contra disidentes y opositores al gobierno que no podrían cometer los cuerpos formalmente constituidos que están sometidos a una normatividad, aunque en México no sean raros los crímenes cometidos por agentes uniformados y en funciones, de todas formas los grupos paramilitares son el último eslabón que actúa contra quienes se declaran en rebeldía, se organizan y empiezan a construir otra cosa, al margen de un sistema que está diseñado para el control y el saqueo de las comunidades.

Las 9 familias desplazadas de Shulvó y sus 47 integrantes continúan en plantón en la Plaza de la Resistencia de esta ciudad, aledaña a la catedral, mientras el gobierno de Chiapas está dispuesto a darle largas al asunto, apostando al desgaste y dejando la decisión última del retorno en los priístas de Shulvó y sus tácticas paramilitares.