La criminalización de la verdad

En México decir lo que se piensa es peligroso, contar lo que ocurre puede ser aún más peligroso, investigar lo que se esconde detrás de las mentiras suele ser letal. En lo cotidiano la verdad es motivo de miedo y buscarla se está volviendo extremadamente peligroso, y eso hace que la impunidad pueda convertirse en dueña de la realidad.  En México el espacio público se está cerrando, está muriendo porque lo que en realidad ocurre se tiene que compartir en voz baja, porque quienes lo dicen públicamente están siendo amenazados, encarcelados, asesinados por un sistema de pactos de impunidad y corrupciones entrelazadas que abarcan todo el espectro del poder.  Los periodistas son parte de esa población que está siendo exterminada de manera recurrente y sistemática en todo el país, pero no sólo se trata de exterminar a las personas sino al oficio periodístico como tal. Puebla no es la excepción.

En menos de un mes, en Puebla han ocurrido tres hechos que son muestra de que la oleada de silenciamiento violento del espacio público está aquí. Primero la “llamada de atención” por parte de Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, a Paula Carrizosa, reportera de La Jornada de Oriente durante la inauguración de Museo Internacional Barroco; segundo, las amenazas anónimas vía Twitter a Aranzazú Ayala, reportera de Lado B, a través del hashtag #Aniquilaaunperiodistapor; tercero, la aparición del cuerpo de Anabel Flores, reportera del Sol de Orizaba, en territorio poblano. Entre 2010 y 2015 hubo al menos 92 agresiones a periodistas en Puebla, según lo documentado por Artículo XIX.  En ese mismo período el congreso de Puebla aprobó la #LeyMordaza (2011) y la #LeyBala (2014) que conforman un marco legal orientado por el temor de los poderosos a que la verdad se haga pública y se defienda.

La actitud de hostilidad contra periodistas por parte de funcionarios públicos se ha generalizado en todo el país y en todos los niveles de gobierno, los ataques de grupos criminales a quienes trabajan en los medios aumentan, el ambiente de peligro para la prensa, sobre todo para la que actúa con libertad, se está generalizando.  No parece haber intención alguna por parte de las instancias gubernamentales por investigar y sancionar estas agresiones, mucho menos por proteger a los periodistas y a su oficio, al contrario, siguen buscando maneras de exterminarlo. En México, en Puebla, el espacio público está agonizando, la mentira que permite que la impunidad y la corrupción crezcan es alentada y la verdad es tratada como un crimen.

Desde el Nodo de Derechos Humanos consideramos que para que los periodistas y quienes le dan vida al espacio público puedan ejercer su derecho y su trabajo  es indispensable:

1. La inmediata investigación y sanción de los responsables en los casos de Carrizosa, Ayala y Flores.
2. La abrogación de la #LeyMordaza y la #LeyBala.
3. El establecimiento de protocolos de seguridad y protección para el trabajo periodístico.

Lamentablemente sabemos que esto difícilmente ocurrirá, pues la tendencia institucional va en el sentido opuesto, por eso todos aquellos que sentimos la necesidad de saber y entender lo que ocurre en nuestro entorno, que sentimos la urgencia por desmontar las mentiras que se nos dicen desde versiones oficiales y “verdades históricas”, debemos defender constantemente nuestro derecho a saber y a decir, a informarnos y expresarnos.

Nodo de Derechos Humanos
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