- Autoridades municipales, estatales y federales deben cumplir con la suspensión de la autopista Toluca-Naucalpan y desocupar el territorio otomí en San Francisco Xochicuautla
Durante diez años, miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla han defendido el territorio comunal que se encuentra en grave peligro por la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan, impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. El territorio de dicho pueblo indígena fue expropiado por el actual Presidente de la República en favor de Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en 2015.
La autopista es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V. perteneciente al Grupo Higa y afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluida la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y al menos doce comunidades más, como lo son San Lorenzo Huitizizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.
Se han interpuesto una diversidad de recursos jurídicos: amparos, denuncias penales, quejas en las comisiones de derechos humanos, juicios agrarios, entre otros. En dos de los amparos se obtuvo la suspensión del decreto de expropiación. El primero de ellos el 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., concedió la suspensión definitiva el 11 y 18 de febrero pasados.
Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo.
Si bien las suspensiones son un gran paso para proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la defensa de la vida, el agua, el Bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí.
Solicitamos a la sociedad civil estar pendiente a las posibles represalias que estas suspensiones puedan generar en contra de las y los defensores del Bosque Sagrado del Agua. En ocasiones anteriores, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha documentado diferentes amenazas y agresiones en contra de quienes resisten a la construcción de la autopista Toluca Naucalpan.
Las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales, federales y municipales, cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que por lo tanto SAASCAEM, la empresa Autopista de Vanguardia, S. A. de C. V., desocupen de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores, así como también se retiren las policías estatales que suelen acompañar la obra.
Xochicuautla celebra suspensión de obra.
Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla
Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)