CECOP – TRECE AÑOS EN RESISTENCIA CONTRA LA PRESA LA PAROTA – III –
Repudio al nuevo crimen de Estado; de Ayotzinapa a Nochixtlán, Oaxaca.
MAESTROS, NORMALISTAS, CAMPESINOS, INDÍGENAS, TRABAJADORES,
todos estamos bajo el acoso del Estado. Pongamos fin a sus crímenes.
LAS ACCIONES CRIMINALES DEL ESTADO MEXICANO DEBEN SER FRENADAS,
O INCREMENTARÁN SU NIVEL DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
Los movimientos sociales debemos unirnos y emprender la lucha contra la violencia de Estado. Los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos continúan su incansable lucha por la presentación con vida de sus hijos. La exigencia de justicia se multiplica por el crimen cometido el domingo 19 de junio a manos de policías, contra maestros y pobladores de Nochixtlán, Huitzo, San Pablo Etla y la ciudad de Oaxaca, dejando como saldo inicial, 9 muertos, 22 desaparecidos y 45 pobladores oaxaqueños heridos de bala.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) se une a la indignación y al llamado a dar una respuesta nacional frente a tan aberrante crimen. Exactamente dos años y un día antes, el 18 de junio de 2014, en desacato con la suspensión para efectos de no ser trasladado a un penal federal, concedida por la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, Gro., dentro del amparo número 649/2014-I, las autoridades carcelarias con perversidad y total hermetismo, trasladaron al penal de alta seguridad No. 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, al vocero del CECOP Marco Antonio Suástegui Muñoz –ahora libre al haberse comprobado la falsedad de las acusaciones en su contra-.
La mano criminal del Estado ha caído encima de todos los movimientos sociales; todos hemos sido objeto de la criminalización y la injuria. Es hora de poner un alto al autoritarismo del gobierno o ellos seguirán matando a quienes no aceptemos su neoliberal política fallida, enlodados por la corrupción y cobijados por la impunidad.
El asesinato de maestros y pueblo oaxaqueño es un crimen de Estado, crimen de odio, crimen de clase contra los desprotegidos, los trabajadores —los maestros—, crimen contra los pobres. Ante los hechos, la primera demanda de los mexicanos debe ser el castigo a los responsables, pero no solo a los policías que dispararon sino a los que dieron la orden de tirar a matar y que, por años, han entrenado para ello a sus soldados y a sus policías. Peña y Nuño no sólo deben ser separados de sus cargos sino deben ser enjuiciados y encarcelados. No más impunidad ni olvido.
El proceso de diálogo, exigencia de los maestros de la CNTE bajo el postulado de la defensa de la educación pública, se impuso al autoritarismo y la soberbia del gobierno. Éste deberá aceptar discutir la derogación de su reforma educativa y con un nuevo secretario de Educación porque Nuño tiene las manos manchadas de sangre y deberá estar exculpando su delito. Antes de abrir el diálogo, el gobierno debe presentar a los desaparecidos; retirar todas las órdenes de aprehensión; reinstalar a todas y todos los maestros que han sido cesados y liberar a todos los presos políticos de la CNTE acusados por medio de delitos falsos, de los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, así como a sus dirigentes: Rubén Núñez, Francisco Villalobos, Heriberto Magariño, Abel Sibaja Mendoza, de Oaxaca, y Juan José Ortega Madrigal, de Michoacán.
El diálogo deberá concluir con la derogación de la reforma educativa. Este es el problema, no otro: la imposición de esa reforma lesiva a los maestros a quienes se dejó fuera, sin siquiera conocerla cuando se aprobó. La derogación de la reforma educativa deberá ser demanda central de todo el pueblo de México, sus organizaciones y sus movimientos, y ser punta de lanza para derogar las otras 14 reformas que mal llamaron estructurales, por medio de las cuales el gobierno y los empresarios pretenden hacer de México un país entregado a las empresas y al capital trasnacional, con un pueblo sin voz. La reforma educativa, con la depreciación de sus contenidos, busca acabar con la visión de país que tenemos los mexicanos, con los lazos comunitarios entre los pueblos, y dar por terminada la Historia de un país heroico en donde el pueblo ha sido el principal actor y motor de cambio tanto en tiempos de paz como en las guerras de Independencia, de Reforma y en la Revolución Mexicana de 1910, momentos heroicos en los que el pueblo se levantó y venció a los latifundistas, a los empresarios, a los ejércitos extranjeros y a los gobiernos indignos que sojuzgaron a los más pobres.
Durante todo el proceso habrá que vencer sus trampas. Ya dijeron Peña y Osorio Chong que se dará solución al conflicto “en el marco de la ley” (según su gastada frase). Para ellos el conflicto es el desalojo, no el asesinato. Para su desahogo todo queda, según sus palabras, en “determinar si fue adecuado el uso de las armas por los elementos estatales y federales que participaron en el desalojo en las vías de comunicación… además que se deberá indagar quién dio la orden para su uso y si ésta obedeció los protocolos señalados para el uso de la fuerza”. Falsamente incriminarán a la población civil diciendo que también tenían armas de fuego, aunque las fotografías de todos los diarios delatan a los policías disparando y evidencian su culpabilidad. El otro culpable, desde luego, es Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, quien reconoció el saldo del operativo de las fuerzas estatales y federales y cínicamente dijo que actuaron para “recobrar la gobernabilidad y el estado de derecho”. Es vergonzoso el grado de ignominia que impera en los esquemas de los gobernantes.
El mayor problema vendrá cuando digan que “por ley” la reforma educativa no puede modificarse porque así está en la Constitución; que modificarla corresponde al poder legislativo. Preguntamos cuál constitución, la Constitución Mexicana que nos dieron los constituyentes como resultado de la Revolución de 1910, o su constitución neoliberal que aprobaron hace dos años los abyectos diputados y senadores a su servicio, que transforma a las escuelas en instrumentos para generar mano de obra barata, calificada o no, y servir así a los empresarios, quienes, librándose de sus actos de corrupción, acaban de dejar claro ante Peña que los que mandan son ellos. Es por eso que, un tal señor X (González), empresario impresentable, dirige la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde su despacho privado.
Desde el CECOP reiteramos que, el México de hoy es más peligroso que el de hace 13 años cuando comenzamos nuestro movimiento de resistencia contra la presa La Parota. El autoritarismo del equipo gobernante muestra el grado extremo de la represión teniendo de fondo y retaguardia los elevados niveles de militarización que han impuesto en todo el país. En eso se sostiene un gobierno en crisis que ha sumergido a la población en la miseria y lo ha sometido a un grado extremo de desprotección en que nadie sabe si caer en manos del crimen organizado es peor que caer en un ministerio público o en manos de narcofuncionarios. El desprestigio en que ha caído el gobierno a nivel interno y a nivel internacional es enorme. Su frustración la desbocan contra el pueblo.
Lo más grave que habrá que echar abajo, es el intento peñista de obligar al Congreso a aprobar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional que daría facultades al presidente de la República para solicitar al legislativo (a su servicio) la “suspensión de garantías” de todos los mexicanos y decretar el estado de excepción, sumido en la antidemocracia. El otro hecho gravísimo es la aprobación en el Congreso, del Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales que permite a los militares catear domicilios, universidades, oficinas gubernamentales y hasta el mismo Congreso, intervenir comunicaciones y obligar a civiles, incluso niños, a comparecer ante el ministerio público militar. Es tan grave la aprobación de semejante ley, que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la mayor parte de sus artículos.
Enfrentemos esta situación con organización y unidad. Integremos las luchas y emprendamos la más amplia unidad de los movimientos, las organizaciones sociales, los estudiantes y el pueblo que, en mayor número cada día y en todo el país se suma a las grandes movilizaciones sobre todo en repudio a la represión. A la gran movilización del día 24 de junio sigue la movilización nacional del domingo 26, que deberán encabezar los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los maestros de la CNTE, y de ahí el repudio al gobierno autoritario seguirá manifestándose en todo México hasta alcanzar la democracia por todos deseada.
13º Aniversario, Julio de 2016.
