Comunidades mayas, zapotecas y yaquis se pronuncian contra megaproyectos

PRONUNCIAMIENTO

Que se realiza en el marco del “Encuentro sobre experiencias de consulta indígena entre los pueblos Yaqui, Zapoteca y Maya”.

Retos y desafíos en procesos de consulta ante megaproyectos.

Reunidos en el municipio de Hopelchén, estado de Campeche, representantes de los pueblos mayas, zapotecos y yaquis firmamos el presente Pronunciamiento a través del cual hacemos un atento llamado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que, en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, se respeten nuestros derechos humanos, particularmente nuestro derecho a la autonomía, al libre desarrollo y al consentimiento libre previo e informado en relación con megaproyectos que pretenden desarrollarse en nuestras comunidades.

Históricamente, los pueblos indígenas hemos padecido abusos, discriminación, despojo y violaciones a nuestros derechos humanos. Tanto a nivel nacional como internacional, la legislación nos reconoce derechos que deben ser garantizados y protegidos por el Estado mexicano. Específicamente, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por México, es hasta el momento el principal instrumento regulador internacional que contempla para los pueblos indígenas derechos específicos, como el derecho a un territorio propio, a su cultura e idioma, y reafirma el aporte especial de los pueblos indígenas a la diversidad cultural, reconociendo el derecho de definir nuestras “propias prioridades en el proceso de desarrollo”, y de “participar en el establecimiento, la ejecución y la evaluación de los planes y programas para el desarrollo nacional y regional”.

A pesar de ello, hasta el momento las consultas realizadas en nuestros territorios ancestrales se han realizado sin los procedimientos adecuados, como un mero trámite destinado a avalar la realización de los proyectos, sin respetar nuestro derecho a la autodeterminación, sin proporcionarnos la información adecuada, sin respetar nuestros usos y costumbres, criminalizándonos y atacando nuestras autoridades y nuestros líderes.

En el caso de la Tribu Yaqui, en fechas 8 de mayo y 7 de agosto del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales violó los derechos del Pueblo Yaqui en lo que se refiere a la Evaluación de Impacto Ambiental para la construcción y operación del Acueducto Independencia. La sentencia de la Corte ordena consultar al Pueblo Yaqui y, en caso de que las autoridades identifiquen un daño irreparable para sus miembros, suspender la operación del Acueducto.

A pesar de que los daños irreparables a la tribu Yaqui son evidentes, puesto que la actual extracción de agua del río Yaqui está poniendo en riesgo la sobrevivencia de la comunidad, el Acueducto continúa operando. Adicionalmente, el proceso de consulta ordenado por la Corte se encuentra suspendido, toda vez que la información entregada por las autoridades federales fue incompleta y sesgada. Además de esto, los principales líderes y autoridades tradicionales han sido objeto de encarcelamientos, amenazas, discriminación y agresiones a su integridad.

Por su parte, en el año 2014, ordenado por la Secretaría de Energía (Sener), inició en el pueblo Zapoteca de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, el primer proceso de consulta llevado a cabo en México en el contexto de la reforma energética, para la instalación de un parque eólico. El proceso de reuniones que llamaron consulta, donde el protocolo fue un documento diseñado y decidido sólo por las autoridades, además de que los tiempos no fueron acordados con el pueblo Zapoteca, sino marcados por las autoridades federales. Sin embargo, antes de haberse iniciado las reuniones Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa y a la mitad del proceso de consulta, sin que esto hubiera concluido, la Secretaria de Energía aprobó el permiso de generación eléctrica del proyecto que estaba siendo consultado, demostrando que no le interesaba respetar los derechos del pueblo indígena, sino cumplir con un requisito más para implementar el proyecto.

Adicionalmente, fue el Ayuntamiento municipal el encargado de decidir a quién se le debía consultar, conformando un proceso de consulta lleno de irregularidades, con la presencia de grupos armados, con amenazas e intimidación a quienes cuestionaron el proyecto. Las reuniones de lo que el gobierno denominó proceso de consulta concluyeron el 28 de julio del 2015 en una reunión consultiva señalando falazmente que se contaba con el consentimiento del pueblo Zapoteca.

En cuanto a los pueblos Mayas de Campeche y Yucatán, en noviembre del año pasado, la SCJN resolvió que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) debía consultar al pueblo maya con motivo del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la empresa Monsanto para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada, resistente el glifosato. Este proceso inició el pasado mes de abril y, a la fecha, la Misión de Observación ha registrado diversas violaciones como la participación de actores no vinculados con el proceso o con conflicto de interés en el mismo, como es el caso de la Sagarpa, así como amenazas a los apicultores por parte de los productores de soya.

Para nosotros, el Pueblo Maya, la siembra de soya transgénica y la imposición de un modelo de agricultura industrial en la región de lo Chenes está dañando grandemente nuestros montes y nuestros recursos naturales en general: se contamina el agua con agroquímicos, deforestación, muerte de animales, afectación a la apicultura; la afectación a la apicultura no sólo tiene que ver con el daño de la economía de las familias y de la región entera, la apicultura es un patrimonio cultural del pueblo maya, que ha permitido la conservación de los montes y todos sus recursos, que forma parte del conocimiento como los mayas manejamos y cuidamos el monte y todos sus recursos; existen daños sobre la salud de la población maya, aunque desconocemos el tamaño de este daño; no se ve la respuesta gubernamental ante todos estos problemas que se están sufriendo como consecuencia del modelo agrícola impuesto; la consulta no nos garantiza el respeto a nuestros derechos ya que las mismas autoridades encargadas de organizarla violan los procedimientos. Finalmente, para nosotros los mayas el llamado desarrollo significa muchas cosas: identidad, patrimonio, cultura, biodiversidad, conocimientos ancestrales que se transmiten a nuestros hijos e hijas, diversidad de actividades, la producción de nuestros alimentos, la tierra es nuestra fuente de trabajo y nos garantiza la vida en nuestro territorio. Estos megaproyectos están acabando con esta manera de vivir de los pueblos indígenas.

Por las razones anteriormente expuestas y unidos en la defensa de nuestro patrimonio biocultural, representantes de los pueblos maya, zapoteco y yaquis:

Demandamos se detengan las violaciones sistemáticamente cometidas a nuestro derecho a la autonomía, al libre desarrollo y al consentimiento libre previo e informado en relación con megaproyectos.

Asimismo pedimos respetuosamente a las autoridades correspondientes:

La cancelación definitiva de los megaproyectos que afectan al pueblo Yaqui, Zapoteco y Maya; en particular se nulifiquen los efectos de los permisos administrativos que fueron otorgados por el Estado mexicano en violación de nuestros derechos humanos.
Se respete la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas sobre su decisión de someterse a una consulta para el consentimiento, previo, libre e informado.
Realicen procesos de consulta que sean de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada, respetando la decisión de las comunidades.
Se abstengan de emitir comentarios con el objetivo de influir en la decisión de los pueblos consultados y que entreguen información de forma oportuna, objetiva e imparcial.
Se respete el proceso de consulta para que este mecanismo realmente permita a los pueblos indígenas obtener justicia socio ambiental y eliminar las prácticas discriminatorias de las que históricamente hemos sido objeto; para poder realmente participar en la toma de las decisiones que nos afectan y para poder decidir efectivamente el futuro de nuestras comunidades.