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Hoy primero de marzo de 2017, manifestantes repudiaron la “Ley Eruviel” afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el segundo de varios días de debate sobre la constitucionalidad de la “Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México”, antes también conocida como la “Ley Atenco”.
Desde que el gobernador Eruviel Ávila Villegas envió su iniciativa a la Legislatura del Estado de México el 11 de diciembre de 2015, ha habido fuertes protestas contra la legalización del uso de la fuerza letal, incluyendo armas de fuego, contra manifestantes, a criterio de las fuerzas policiacas.
Las organizaciones sociales y populares, ONGs, grupos de derechos humanos y sobre todo, los pueblos en resistencia en el Estado de México, incluyendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador de Atenco, y pobladores de San Francisco Xochicuautla y Coyotepec, han celebrado acciones, presentado amparos e instado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a promover una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por violar los derechos fundamentales de las personas.
Para confundir el asunto, no sólo la CNDH, sino los mismos legisladores que aprobaron la ley en el Estado de México, también promueven la acción de inconstitucionalidad, a petición de Eruviel, en este caso para asegurar que la SCJN arregle cualquier problemita y acredite la legalidad de la norma.
“Pero no podemos permitir que hagan legal la represión”, dijo un maestro de la CNTE, “porque si logran hacerlo en el Estado de México, intentarán hacerlo en un estado tras otro”.
“Hemos estado en resistencia durante 15 años,” dijo Ignacio del Valle del FPDT, “y vemos que las autoridades pretenden dar luz verde a esta ley precisamente en el momento cuando hay resistencia a los megaproyectos y al saqueo de tierras en todo el país. Pretenden acabar con esa resistencia, pero este proyecto de ley no pasará”.
No confiamos en las instituciones para hacer justicia, dijo. Una y otra vez han hecho todo lo contrario.
No hay mejor ejemplo que una figura que debe estar en el penal de Almoloya. Se trata del criminal Eduardo Medina-Mora, el Secretario de Seguridad Pública que orquestó la brutal represión en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, junto con Enrique Peña Nieto. El anterior director de CISEN fue premiado al ser nombrado Procurador General de la República, Embajador de México ante el Reino Unido, Embajador a los Estados Unidos, y ahora para el colmo es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora quieren legalizar los crímenes que ellos hicieron en Atenco, dijo Ignacio, pero Atenco también representa resistencia, y en esto seguimos.
