Desde que tenemos memoria, los hijos y las hijas de los pueblos de la Guatemala indígena, obrera y campesina, humillada, explotada y empobrecida hemos sido sometidos al escarnio ante la irreverencia de señalar al Estado opresor.
Se construyó sobre nuestra espalda un país para los criollos, se nos relegó a la bartolina edificada por sus leyes y cuando aquella no doblegó el hartazgo, el genocidio fue la hoguera para el motín y la revuelta.
En Quiché como en las Verapaces, en Chimaltenango y Panacal Huehuetenango, en Emaús y contra los campesinos que manifestaban la Embajada española, en todos lados la respuesta del Estado fue la hoguera para un pueblo exiliado a la miseria.
Miles de nuestras madres se alzaron contra el abuso del finquero y del patrón como lo hicieron sus abuelas, y con su ejemplo revirtieron por años las oleadas de terror; pero no fue este el futuro que quisieron heredarnos con sus luchas guerrilleras. No una paz raquítica de hambruna que metió en la cárcel a los niños y las niñas que robaron la hamburguesa de la franquicia de familia prominente. No quisieron que sus hijos heredaran la paz de jueces que castigan con encierro a las niñas que retan al culto, la misa y la familia bendecida por la iglesia y el Estado. No una sociedad dosificada de terror y de violencia amordazante. No un gobierno mercantil al servicio del despojo.
Hoy como ayer, el castigo a la disidencia y resistencia al sistema que impone la lógica del capital es el miedo, el terror, y la hoguera. Hoy niños y niñas incinerados vivos, ayer fue Masacre en la Embajada de España, comunidades arrasadas, crímenes del Ejército; hoy violencia y esclavitud sexual de niñas, ayer Sepur Zarco; hoy niños secuestrados a sus familias; ayer hijos de masacrados esclavizados por oficiales y soldados del ejército genocida.
Vivimos hoy la continuidad de un Estado controlado por las élites económico-militares que turnan a sus delegados en el poder, para mantener bajo control a las clases populares, mediante la dosificación del terror, según le convenga. Es un terror legitimado a través de los aparatos de violencia del Estado, instituciones herederas del pensamiento autoritario contrainsurgente y un sistema legal caduco e inoperante, en manos incapaces y a veces criminales. No más militares y criminales como funcionarios. No más impunidad a militares y criminales.
Hoy ese terror se ensaña con niñas que la institucionalidad vigente marginó y condenó tácitamente a la tortura por trata y violación sexual. Niños y niñas que intentaron escapar de la violencia y denunciar el maltrato y los abusos a los que los sometía el Estado de forma directa e indirecta. Ese Estado represivo, respondió como ayer, solapando y ocultando la tortura y violación contra niñas y niños. Intentando ocultar mediante arrasamiento, otra vez, para acallar las voces que exigían un poco de respeto a la dignidad humana.
Es evidente luego de todas las denuncias de sobrevivientes del hecho, que existió una estructura mafiosa que montó un esquema criminal de trata de blancas, esclavitud sexual, abuso de niñas y niños, amparados en el poder del Estado.
La masacre en el “Hogar Seguro”, donde más de 40 niñas fueron inmoladas luego de intentar escapar, desnudó de nuevo que el Estado y sus funcionarios no velan ni por la vida, ni por la dignidad humana, sino todo lo contrario. Es evidente luego de todas las denuncias de sobrevivientes del hecho, que existió una estructura mafiosa que montó un esquema criminal de trata de blancas, esclavitud sexual, abuso de niñas y niños, amparados en el poder del Estado. Estos hechos constituyen de por sí crímenes de lesa humanidad, por lo que demandamos a organismos y entidades nacionales e internacionales de DDHH:
- Acciones inmediatas para proteger a las niñas sobrevivientes, y que se exija al Organismo Judicial se les trate en calidad de testigos protegidos para una obligada investigación sobre trata y abuso de niñas y niños y crímenes contra la humanidad.
- Garantizar a sobrevivientes el debido cumplimiento de sus derechos, así como los cuidados y protección correspondientes a los hechos traumáticos que sufrieron.
- La creación de un observatorio multilateral, para garantizar que estos crímenes no se sigan cometiendo, en este mismo momento, ni se perpetúen.
- La intervención de la CICIG en la investigación y la acción Judicial inmediata para preservar información forense en las escenas del crimen y la detención preventiva de los responsables de los hechos denunciados, bajo la presunción de femicidio. Asímismo, la investigación de los siguientes detalles:
– Por qué el control del Centro mencionado lo tuvo la Policía Nacional Civil, ilegalmente, y no dejaron entrar a bomberos ni salir a las niñas.
– Por qué el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura tuvo denuncias del Centro y no las presentó al Ministerio Público.
– Por qué el Consejo Nacional de Adopciones no hizo vigilancia al “Hogar Seguro”, a pesar de todas las denuncias.
– Por qué el MP no actuó de oficio ante las denuncias que recogió antes del suceso la Procuraduría de los Derechos Humanos.
- Exigimos que la sociedad, las y los responsables actúen desde hoy mismo, 11 de marzo. No permitamos ni un segundo más que este horror siga sucediendo.
H.I.J.O.S. Guatemala
11 de marzo de 2,017
