Emergencia humanitaria: Misión de observación a comunidad desplazada de Laguna Larga en la frontera México-Guatemala

Alarma y preocupación ante condiciones de la comunidad Laguna Larga, Petén desplazada forzadamente en la frontera con México
Organizaciones de México exigen a su gobierno y al de Guatemala cumplir con obligaciones, proteger la vida y garantizar derechos
Familias desplazadas exigen retorno, reparación y justicia

A 8 de junio de 2017.

Con alarma y preocupación, al tener conocimiento del desalojo forzado contra la comunidad Laguna Larga en la zona del Petén, Guatemala, hacia la línea fronteriza con México, cerca del ejido El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, organizaciones de Derechos Humanos de México realizamos una visita de observación y documentación el pasado miércoles 7 de junio.

Mediante el presente Comunicado damos a conocer nuestras primeras observaciones, sobre cómo para salvaguardar su integridad y sus vidas las familias de la comunidad Laguna Larga, ante el anuncio de la llegada de cerca de 1,500 soldados y policías de la Policía Nacional Civil de Guatemala, huyeron de sus casas el 2 de junio pasado y quedaron varadas en la frontera con México. Constatamos por un lado que se encuentran en un campamento improvisado en condiciones de emergencia humanitaria en una brecha entre ambos países por la presión recibida por el gobierno de México; y por otro lado, que el ejército de Guatemala les ha quemado y destruido sus casas, áreas comunes y saqueado el patrimonio que no lograran llevar se consigo.

Compartimos nuestras observaciones, iniciando con nuestra más profunda inquietud por las condiciones críticas del campamento y de las casi cien familias allí alojadas, y que un censo preliminar cuenta cerca de 450 personas. Son condiciones que nos permiten hablar de una emergencia humanitaria, que ponen en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y, en general, de mujeres y de todas las personas ahí asentadas.

Se trata de un campamento precario, instalado desde el día 2 de junio por la propia gente de la comunidad desplazada con lo que han tenido a mano, principalmente bolsas de nylon como único techo en plena temporada de lluvias. Y donde han recibido principalmente la solidaridad de comunidades cercanas.

Constatamos que el gobierno de México tuvo conocimiento oficial de la inminencia del desalojo por parte del Gobierno de Guatemala desde varios días antes de que se ejecutase, estuvieron presentes desde su llegada elementos de seguridad nacional (ejército, policía federal e Instituto Nacional de Migración).

Así mismo, ni el gobierno de México ni el de Guatemala, han proporcionado los recursos suficientes para aliviar la condición indigna del campamento poniendo en riesgo la salud y la vida, especialmente de la población más vulnerable.

Hemos tenido conocimiento de la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el campamento de desplazados los días 2 y 3 de junio pasados.

Esta es una emergencia que requiere protección inmediata y que no se está atendiendo de acuerdo a los criterios internacionales, a la dignidad de las personas y a los requerimientos de la población.

Encontramos, sí, cierta atención mínima del gobierno de México, principalmente dando pocos alimentos según nos reportan de parte de la propia comunidad.

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La comunidad desplazada se ubicada en el Municipio de San Andrés, Departamento de El Petén, Guatemala a escasos 3 kilómetros de la línea fronteriza con México, en una zona denominada de “usos múltiples” de la Reserva de Biósfera Maya, según nos informó la propia comunidad.

Ante el inminente desalojo y al observar la llegada amenazante de helicópteros y centenares de efectivos del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil de Guatemala, las familias decidieron moverse horas y minutos antes para proteger la vida y la integridad y evitar un enfrentamiento que sin duda hubiese traído consecuencias fatales y hubiese aumentado la tragedia.

Así, se resguardaron en la línea fronteriza con México, abandonando su comunidad después de más de 15 años de asentamiento reconocido por el propio gobierno de Guatemala.

Las organizaciones preguntamos y fuimos informadas acerca de que NO hubo un diálogo previo con la comunidad para la búsqueda de alternativas, a pesar de que los Principios Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre desalojos desplazamientos indican que un desalojo tiene que ser la última alternativa y sólo después de haber agotado todas las opciones y, preferentemente, en acuerdo con la comunidad y después de haber previsto y acordado el lugar de reinstalación.

El punto 43 de estos Principios Básicos establece que los desalojos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos, que es precisamente lo que está ocurriendo.

Manifestamos nuestra extrañeza por una orden de desalojo ordenada y ejecutada sin considerar estos criterios mínimos y poniendo en riesgo la vida, la integridad y la salud de las personas y dejando a la intemperie a casi cien familias, entre quienes casi la mitad son niños niñas y adolescentes.

Consideremos que debe investigarse y establecerse la responsabilidad del gobierno de Guatemala ante estos hechos y, por supuesto, sancionarse.

La Comunidad de Laguna Larga ha sido reconocida por el propio gobierno de Guatemala. Las personas desplazadas nos compartieron documentación acerca de la escuela así como del reconocimiento de la autoridad interna del poblado y otras documentaciones que muestran que la comunidad es reconocida como tal desde hace años por el propio gobierno de Guatemala.

Sin embargo, desde hace años han sido permanentemente amenazadas y hostigadas por el gobierno de Guatemala, en particular por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), sobre su desalojo y otros actos de criminalización en su contra, y donde uno de sus líderes fue asesinado hace 10 años en el contexto de este conflicto.

La comunidad de Laguna Larga ha buscado seguridad jurídica sobre sus tierras pero el gobierno de Guatemala ha combatido jurídicamente su permanencia en la zona con el pretexto de que se encuentran en un área natural protegida.

Ante esto es necesario expresar que las poblaciones que se encuentran en áreas protegidas son guardianas de estos lugares y tienen derecho a mantener su permanencia y cuidado en la zona y a ejercer el cuidado de la zona. Tienen derecho también a ser capacitadas en esta materia, aunque suelen ser quienes las cuidan de mejor manera de acuerdo con sus conocimientos ancestrales.

Además debe existir claridad del posible impacto ecológico que fundamente cualquier acción, así como la delimitación del área de amortiguamiento respectiva.

Más que certeza y claridad la comunidad reporta la permanente negativa al diálogo de parte del Gobierno de Guatemala, las amenazas cometidas y su negativa a una resolución por la vía judicial. Las organizaciones presentes consideramos que en todo el proceso se pone en evidencia un profundo desprecio y discriminación hacia el pueblo maya que forma parte de la comunidad de Laguna Larga, entre quienes la conforman pueblos maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza.

Igualmente, nos preocupa profundamente que a la raíz de estos hechos y en su solución estructural por lo tanto, no se trate exclusivamente de una supuesta política conservacionista por parte del gobierno de Guatemala mal enfocada y aplicada, y que en realidad se encuentren involucrados los intereses geopolíticos que caracterizan a la región de El Petén desde hace muchos años. Sabemos por ejemplo, de inversiones extranjeras en extracción petrolera, monocultivos de palma aceitera, gasoductos, turismo, extracción de mantos acuíferos, crimen organizado, entre otros.

Circunstancias que han sido ampliamente documentadas y evidenciadas anteriormente por las propias comunidades, medios de comunicación, así como por diversas organizaciones civiles y organismos internacionales.

Nuestra visita al campamento coincidió casualmente con la llegada de representantes del Gobierno de Guatemala, en particular de la Comisión Nacional de Diálogo, de la Oficina de Asuntos Agrarios y del Consulado de Guatemala en México. También se encontraba en el campamento personal del Instituto Nacional de Migración del gobierno de México y policías estatales, una brigada del DIF del gobierno de Campeche que pretendía proveer atención médica a la comunidad, así como dos agentes armados vestidos de civil y sin identificar.

Las organizaciones fuimos informadas de que esta era la primera ocasión que alguien del gobierno de Guatemala se acercaba al campamento y observamos el diálogo que se dio entre la población y los representantes del gobierno.

Las familias desplazadas exigieron retorno a sus propias tierras y que se haga justicia.

De manera inmediata exigieron garantías para ingresar a su comunidad para recoger sus cosechas y evaluar los daños, puesto que no pueden acercarse por la presencia hostil del ejército y el temor de ser agredidos.

También exigieron asistencia humanitaria, reparación de los daños, garantía sobre sus tierras y que el ejército se retire de la zona.

Las familias expresaron su negativa a una reubicación hacia otras tierras y mencionaron los incumplimientos que enfrentan otros poblados que han sido desplazados.

Efectivamente, algunas de las organizaciones presentes también acompañamos el difícil proceso que enfrentó la comunidad de Nueva Esperanza , Petén en 2011 y 2012.

Ante este pliego petitorio, los representantes del gobierno se comprometieron a regresar al campamento en 48 horas con una respuesta a las exigencias, es decir para el viernes 9 de junio.

De igual forma, nos parece importante recalcar que el gobierno de México es también responsable de la situación en que se encuentra la comunidad al incumplir sus obligaciones internacionales en materia de desplazamientos forzados y población refugiada, y traiciona su tradición histórica de acogida a las poblaciones de Guatemala por motivos humanitarios.

Por el contrario, lamentamos que en dos ocasiones agentes de migración nos increparon diciendo que “solamente íbamos a complicar las cosas y meter problemas”, así como que buscamos “manipular a las personas” en los momentos en que algunas familias nos querían exponer sus problemas, testimonios y cómo podíamos ayudarles.

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Posteriormente al diálogo y a la redacción del pliego petitorio, las organizaciones, algunas personas de la comunidad y representantes del gobierno de Guatemala nos trasladamos a la comunidad Laguna Larga, ubicada a tres kilómetros del campamento.

Con horror observamos la saña en la destrucción de las viviendas y de las propiedades de las familias, lo que nos hace levantar una firme condena por estos actos al gobierno de Guatemala, preguntándonos si este actuar forma parte de una guerra contra los pueblos, con el único fin de causar terror por parte del Estado a las comunidades de la región, y lo que recuerda a un recrudecimiento de la violencia y la violencia psicológica de los años del genocidio guatemalteco en décadas pasadas.

Así, constatamos durante el recorrido que las viviendas fueron quemadas, algunas humeaban todavía ayer, algunas otras viviendas fueron taladas y destrozadas con máquinas tipo sierra y las propiedades fueron destruidas. Incluso los militares presentes admitieron que algunos animales que quedaron en las casas de las familias fueron tomados por los propios militares del turno anterior que se mantienen aún en custodia del poblado, y se alimentan con ellos, por lo que se teme que la destrucción continúe.

Igualmente la escuela y las iglesias de la comunidad fueron destruidas en su interior.

Igualmente, es evidente el fortísimo impacto psicosocial que esta violencia y violaciones a derechos humanos están provocando en las familias de la comunidad y requieren un inmediato acompañamiento emocional con la pertinencia cultural y enfoque de género que exigen estas situaciones de emergencia humanitaria.

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Las organizaciones que acudimos a realizar esta observación constatamos los graves incumplimientos de los gobiernos de Guatemala y México ante una situación de desplazamiento forzado y la evidente violación a los derechos humanos cometida por el Ejército de Guatemala y su gobierno contra la población de Laguna Larga, desalojada y asediada por fuerzas de seguridad de ambos países en condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad de todas las personas asentadas.

El gobierno de México no está respondiendo de acuerdo con la gravedad de la situación. Cierta ayuda alimentaria y médica, que ha sido más bien proporcionada por la población civil que por el gobierno, dista mucho de atender la emergencia, superar las condiciones de riesgo para la población vulnerable bajo su responsabilidad tratándose de una zona fronteriza y que incumple por mucho las obligaciones internacionales y condiciones mínimas que le impone el marco jurídico internacional en materia de desplazamientos forzados, refugio, derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

Exigimos que la asistencia humanitaria sea de acuerdo con la gravedad de la situación y con los principios y directrices de Naciones Unidas, los cuales establecen claramente que en situaciones como esta se tiene que garantizar una estancia digna si se requiriese una estadía provisional en tanto se resuelve la situación, considerando que las familias tiene por supuesto, derecho al retorno, a la reparación y la no repetición.

Expresamos nuestra más honda preocupación por otras amenazas de desalojo contra otras comunidades del Petén, Guatemala, en particular de las Comunidades de El Reloj, El Sacrificio y La Mestiza, algunos incluso programados para el próximo 14 de junio, lo cual aumentaría la gravedad de la situación que se vive actualmente. Y donde se nos ha informado que cerca de 20 comunidades más se encontrarían amenazadas.