“Queremos que tengamos un gobierno pero que mande obedeciendo”
Rosalinda, comandanta zapatista
Expresamos nuestro dolor y solidaridad con el pueblo mexicano porque a pesar de haber sufrido
los estragos de varios desastres naturales, recibió otro más mortal y destructivo, el pasado 19 de
septiembre. Y ante la ausencia de un programa de rescate oficial efectivo y pronto, el pueblo
mismo, se organizó para ayudar a sus hermanos y hermanas en desgracia.
Con la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de otras 6 personas, incluyendo 3
compañeros de los desaparecidos, el Estado mexicano cometió un crimen tan descarado que una
de sus primeras maniobras fue tratar de cerrar el caso. Y entre las motivaciones centrales que
influyeron en tan criminal decisión, está la participación por omisión y comisión del crimen, del
27o. Batallón de Infantería estacionado en Iguala, Guerrero, siguiendo órdenes de un capo del
narcotráfico. Pero el intento de darle carpetazo a la investigación, sólo ha redoblado los esfuerzos
de las madres, los padres y familiares de los 43 y de la sociedad mexicana por encontrar a estos
futuros maestros y han emplazado al gobierno con 4 línea de investigación específicas. Pero la
exigencia de justicia no es nada más para estos muchachos. Se exige justicia para todas las otras
víctimas del lento genocidio, “genocidio por goteo”, según Eugenio Raúl Zaffaroni, experto en
Derechos Humanos, en que se ha convertido el Plan Mérida. Y aquí hacemos un llamado a
enfrentar esta guerra contra el pueblo mexicano. La espera se acabó. El dolor, la rabia y la
impotencia que tanto calan en nuestras conciencias y corazones, deben ser transformadas en
organización y lucha, una lucha frontal contra el Estado.
Al cumplirse 3 años de este crimen de Estado, ya no es relevante volver a enumerar ni las
circunstancias de su desaparición, ni la responsabilidad del gobierno. Hay muchos libros y
artículos que han dado la evidencia necesaria sobre ambos temas. Hay únicamente un punto que
vale la pena reiterar: la colisión del gobierno con las bandas criminales no sólo en el caso de
Ayotzinapa sino en otros incontables casos. Y como aquí se propone deshacerse de todo el
sistema capitalista, es importante dejar en claro que vivimos en un Estado en el que es difícil
distinguir entre criminales y gobierno. José Gil Olmos dice que “no es ninguna falacia decir que
en México hay un narcoestado, y el caso más claro es el de Ayotzinapa (Guerrero), que fue un
crimen de Estado”. Y dio la evidencia más contundente: todos los niveles del gobierno: el
ejército, la policía Federal, la Estatal y la Municipal, supieron en tiempo real, lo que estaba
ocurriendo y no hicieron nada por impedirlo:“o sea, todas las autoridades en México se dieron
cuenta la noche del 26 y el 27 de septiembre de esta desaparición de 43 estudiantes de la
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y sin embargo se los entregaron al crimen
organizado y no sabemos dónde están ellos.” Y este nivel de criminalidad, desgraciadamente, no
es la excepción, es la norma. Y ese nivel de podredumbre del Estado, exige del pueblo una
respuesta apropiada. Cambiemos la ecuación y y empecemos a saldar cuentas con nuestros
enemigos nacionales y extranjeros, como dijo Ricardo Flores Magón: “devolviendo golpe por
golpe … humillación por humillación”.
Despertemos hermanos y hermanas. No permitamos que la masacre contra nuestro pueblo se
convierta en costumbre. Reconozcamos las atrocidades que se cometen desde las instituciones
que deberían servirnos. Quitémosles la cara de civilidad con que se nos presentan los
usurpadores del poder y del capital. El Pacto por México, firmado por los actores políticos
principales, no es otra cosa más que un acuerdo entre ladrones para saquear el país. Los partidos
políticos, bajo la guía de Enrique Peña Nieto (EPN), se pusieron de acuerdo para concederse
sueldos y concesiones millonarias a cambio de hacerse de la vista gorda ante la corrupción y la
impunidad. La reciente repartición de 4 138 millones de pesos entre todos los partidos
(incluyendo Morena), es la prueba de que ningún partido va a representar los intereses del
trabajador asalariado ya sea de la ciudad o del campo. Llamemos las cosas por su nombre y
reconozcamos que quienes nos gobiernan son una camarilla de asesinos, rateros, corruptos, pero
con corbata, única distinción de los otros criminales. Y no hay mejor evidencia que el mismo
presidente de la República y el manejo que se le ha dado al caso más emblemático de su
gobierno: la desaparición de los 43.
Cuando se iniciaron las investigaciones sobre el caso, Tomás Zerón de Lucio, era el jefe de la
Agencia de Investigación Criminal (AIC), un brazo de la Procuraduría General de la República.
Era el responsable directo de la investigación de la desaparición de los 43. Como el gobierno
quiso cerrar el caso, Zerón de Lucio, personalmente, sembró evidencia para darle fortalecimiento
a la tesis de que los muchachos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, la llamada
“verdad histórica”. Pero ese intento por ocultar la verdad, le salió caro al Estado. Lo que
realmente logró, fue descubrir la ausencia de un Estado de Derecho. Hace un año, John M.
Ackerman lo explicó contundentemente: “La desaparición en Guerrero hace dos s años de los 43
jóvenes activistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa abrió los ojos del mundo con
respecto a la verdadera naturaleza del Estado mexicano. Lo que fue quemado en el basurero de
Cocula no fueron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino cualquier apariencia de gobernabilidad
democrática…” Pero la impunidad de nuestros gobernantes no quedó ahí.
Cuando se descubrió y denunció este acto ilegal de Zerón de Lucio, en lugar de exigir que se le
castigara por tan seria violación a la ley, y en sólo cuestión de horas, el presidente lo ascendió,
otorgándole un cargo más elevado dentro del gobierno federal, el Consejo de Seguridad
Nacional, (posición desde la que compró el malware Pegasus en octubre de 2014 y que
ilegalmente se usa para espiar a activistas y periodistas). ¿Por qué EPN hizo esto? ¿Por qué no
quiere que Zerón de Lucio hable y diga la verdad?; ¿Por qué EPN le permitió sembrar evidencia?
¿Tendrá que ver en todo esto que Zerón de Lucio percibe casi el mismo salario que el
presidente? A este grado de descaro e impunidad llega la calaña que nos gobierna. Son el cártel
de criminales más dañino que azota al país.
En todos los rincones del país, nuestros hermanos y hermanas están siendo asesinadas,
encarceladas, violadas y desaparecidas. Las cifras son estremecedoras. En promedio y a diario, 5
mujeres son asesinadas, 25 personas son desaparecidas y se cometen casi 70 homicidios. En su
intento por ocultar sus crímenes, el gobierno se ha ensañado contra los y las periodistas. Los
periodistas mexicanos “nos hemos convertido en corresponsales de guerra en nuestro propio
país”, aseguró un reportero de la revista Proceso. Y estos crímenes se cometen al amparo de la
lucha contra el narcotráfico y con apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos. En el
año 2017, nació el Plan Mérida, un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos, México y
varios países de América Central. Teóricamente, en este acuerdo se sentaron las bases para
combatir el narcotráfico, pero terminó siendo una guerra contra el pueblo mexicano, por un lado;
por el otro, la Iniciativa Mérida, como también se le conoce, se ha erigido en la cortina de humo
para entregar las riquezas a los monopolios nacionales y extranjeros.
Trabajemos solidariamente. Si reconocemos que somos víctimas de un Estado genocida,
haremos algo más y más apremiante necesidad es la creación de una coordinación nacional. Y al
haber una dirección única, apoyaremos las luchas individuales que cada comunidad y
organización libran. Y un buen principio de este esfuerzo nacional colectivo consiste en
desenmascarar al gobierno espurio que oculta el paradero de nuestros 43. En este tercer
aniversario de ese crimen de Estado, exijamos al gobierno seguir las 4 líneas de investigación
que los familiares de los 43 le han presentado: Investigar al ejército mexicano y especialmente al
27º. Batallón de Infantería; a la policía de Huitzuco; la telefonía celular de los muchachos
desaparecidos y asesinados pues se continuó mucho tiempo después de su desaparición; el
transporte de droga de Iguala a Chicago. Se sabe que la razón inicial por la que los muchachos
fueron salvajemente atacados fue porque dos los camiones que tomaron, llevaban droga oculta
con destino a Chicago.
Formemos un frente nacional. Existen proyectos populares que diferentes organizaciones y
comunidades han concebido para enfrentar tanto los problemas propios como los de alcance
nacional. Sin embargo, esos esfuerzos generados y los que se siguen desarrollando, necesitan
más alcance. Y si existe la determinación de terminar con este ataque despiadado hacia el
pueblo, todos y todas tendremos que ir más allá de lo que ya hemos caminado. Y esa distancia
extra que se necesita avanzar es la convergencia, la unidad. Esa es la necesidad presente.
Pasemos al ataque. ¡Ya basta! Terminemos con la entrega de los recursos de la nación a
poderosos monopolios nacionales y extranjeros, la verdadera cara del neoliberalismo, para
acabar con la corrupción de todo el sistema político, para terminar con la impunidad que se ha
convertido en ley, para derogar el Plan Mérida y darle fin a la equivocada guerra contra el
narcotráfico, para detener y revertir la privatización de los recursos naturales, del sistema de
pensiones, de la mal llamada Reforma Educativa, etc. Ahora debemos pasar a la ofensiva para
crear una sociedad humana, justa, y para todos y todas. Y en esa lucha tendremos que entregar
todo, porque “por la libertad así como por la honra y se debe de aventurar todo”, le manifestó
don Quijote a Sancho.
Finalmente, unámonos para exigir: la presentación con vida de los 43 y los otros casi 35 000
desaparecidos, la libertad de los cientos de presos políticos, justicia para los más de 150 000
muertos incluyendo la de periodistas, un alto a los feminicidios y todas las víctimas directas e
indirectas de este genocidio contra el pueblo mexicano.
La negativa o incapacidad del gobierno actual para presentar con vida a los 43 es razón para
cambiarlo. Pero, la secuela de feminicidios, de corrupción, de impunidad, de asesinatos, el
desprecio por la vida de sus ciudadanos, el encarcelamiento injusto de dirigentes, la desaparición
de muchos otros miles, y el terror para millones más, todo eso, es razón para arrancar, y de raíz,
no sólo al gobierno sino al Estado completo porque es un Estado fallido, es un narcoestado.
En una reflexión, generada por un terremoto desolador, alguien dijo que lo que nos hace
humanos ante la catástrofe es la posibilidad de la reconstrucción. Y ante la desgracia causada por
los recientes terremotos y tormentas tropicales, el rescate de víctimas ha estado encabezado por
la población civil. Y la reconstrucción del país, primero, requiere levantar los escombros, el
Estado fallido. Y esa campaña de limpieza sólo será completa si la encabezan y dirigen las
organizaciones civiles que comprenden que la edificación de un nuevo Estado, no se puede
construir sobre escombros del anterior porque se va a colapsar nuevamente.
Unámonos para formar un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
