Por: Miguel María Vidal
“La insensibilidad mata más que una R15 al silenciar los gritos de protesta…”
Ese lunes… en la noche mientras checaba las notificaciones llamaron mi atención algunas que hacían referencia a que en el CERESO de Cadereyta estaba pasando “algo”. Esa frase “está pasando algo” en mis recuerdos ha anticipado hechos trágicos de la historia reciente de Monterrey, por ejemplo, desastres naturales, masacres y motines como los anteriormente sucedidos en el CERESO de Apodaca y el Penal del Topo Chico. Ante la notoria viralización de ese rumor decidí encender la televisión para ver las noticias, en la búsqueda de corroborar su veracidad y tener certeza de lo que estba ocurriendo.
En los noticieros – en esas horas del lunes por la noche y martes por la mañana – lo primero que escuche fueron las declaraciones de las autoridades quienes en ese momento dijeron que tan sólo se trataba de una riña de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Horas más tarde me daría cuenta de que esas primeras declaraciones fueron un intento por desestimar lo que en realidad estaba ocurriendo. Tiempo, valioso tiempo, que pudo ser utilizado para resolver la situación que se estaba viviendo adentro del CERESO.
Horas después – martes al mediodía – las mismas autoridades indicaron que lo que sucedía era un motín. Mismo en el que había tres celadores retenidos por parte de las personas privadas de la libertad, quienes solicitaban que no hubiera traslados de otros centros penitenciarios hacia el CERESO de Cadereyta. Esa solicitud respondía al miedo, angustia y terror que generaba la idea de que con dichos traslados se propiciaría el llamado autogobierno al interior del penal. El cual de ninguna manera constituye una opción viable, ya que en ella el silencio, el dolor, la ira, el resentimiento e impotencia penden como una espada de domocles para las personas que ahí se encuentran privadas de la libertad y cuya punta extiende su amenaza hasta sus familiares.
Todo esto sucedía en medio de una humareda que partía el color celeste del cielo y el blanco de las nubes, como un signo del descontento ante el porvenir que se vislumbraba y como un grito que se perdía en el silencio de la apatía ante el desconocimiento de lo que pasaba.
Es verdad que la violencia y agresión se hicieron presentes, pero también es verdad que es ésta una última manera de – ante el miedo que vivenciaban – manifestar una petición que había sido ignorada una y otra vez tanto por autoridades como administrativos del CERESO. Y es que, generalmente, creemos que cuando una persona se encuentra privada de su libertad pierde la garantía a sus derechos humanos. Mismos que al ser negados y amenazados de forma categórica invitan a realizar acciones límite como última y única manera de petición de resolución a su reclamo. El humo representa una forma de comunicar a quienes están más allá de los muros perimetrales que existe una grave violación a los derechos humanos. Situación que de manera ideal no debería de ser, ya que por ley, los derechos civiles y fundamentales que no son suspendidos a las personas que se encuentran privadas de la libertad deben respetarse y ser promovidos por la institución penitenciaria y las personas que para eso laboran ahí. Lo anterior, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución Federal en donde dice que: “todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por ello el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.
Estas voces que al no ser escuchadas y al manifiestarse por el miedo anteriormente mencionado, son prontamente acalladas con las ojivas de los R-15, las 9mm, los gases lacrimógenos y el clásico tolete, silenciando para siempre la voz de 18 personas –sino es que más- rompiendo, lesionando y generando hematomas, no sólo en las personas que fueron reprimidas, sino también a sus familias y a la sociedad neolonesa misma, sociedad que ha guardado silencio y no se ha pronunciado ante estos hechos. Y que tal vez, no pueda percibir que ella en si es lesionada, quebrantada, acallada y reprimida.
Hechos que bajo la justificación que reza: -“la vida de los celadores secuestrados y de las mismas personas bajo custodia se encuentran en peligro” “hay que usar la fuerza del Estado”- la cual está encarnada en la policía de fuerza civil, los celadores o fuerza penitenciaria o institucional, en el ejército y en alguno que otro administrativo del CERESO, que permitiendo salir su instinto genocida reprimido y/o sublimado toma un arma y dispara, un tolete o macana y golpea. Éstas acciones justificadas y fundamentadas en el discurso oficialista que valida su violencia en la búsqueda “del bien común” y de la importante, infranqueable, cerrada y obtusa “seguridad“. Luego así, es que una queja, un reclamo, un grito acallado pasa a convertirse en una masacre y surgen preguntas como: ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Quién la ratifico? ¿Quién disparo? y respecto a periciales ¿Cuál fue la cadena de custodia que utilizó para recoger los casquillos de las balas? ¿Cuántos casquillos encontraron? ¿Coincide este número con las balas registradas a cada agente de policía o de fuerza institucional? ¿Encontraron solo casquillos de balas autorizadas a utilizar oficialmente? ¿Se hizo algún peritaje sobre las trayectorias de las balas? ¿Cuántos decesos fueron por un balazo en la cabeza y a qué distancia? ¿Cuántos decesos fueron por una bala en la espalda? ¿Cuántos decesos fueron por balas perdidas? ¿Dónde están las personas que al ser solicitadas por sus familiares a visita no han sido aún ubicadas? Recibiendo sus familiares como respuesta: “no lo encontramos” “vaya busque al HU” siendo que, según la información que ronda, ya se cerraron las listas de heridos y de decesos.
Esas y muchas otras preguntas taladran con y en el dolor e incertidumbre de las madres, las parejas, los padres, hermanos, hijos y demás familiares que desde el lunes a temprana hora estaban en el portón de color verde, que es la primera o última puerta, según sea el caso; por que así sin importar cual sea el caso, el CERESO extiende sus grises paredes haciendo victimas a las personas privadas de su libertad y familias, quienes al expresar su angustia y dolor, ya sea de manera pacífica, desesperada, a gritos, moviendo el portón y/o arrojando botes de agua, coca-cola y otros objetos hacia el otro lado del portón, reciben como respuestas: “Mas tarde les daremos chance de entrar” “de momento no hay visita, por favor retírese” “váyase para su casa” respuestas en ese tenor un sin número les dieron, más también les dieron contestación arrojándoles el contenido de un extintor (para sofocar y disminuir la visión), con gas lacrimógeno y ráfagas de al menos 4 rifles de gotcha, además de los infaltables aventones, golpes, insultos y golpes de tolete.
Es aquí donde cabe cuestionarse ¿En si la revictimización de las familias es por la respuesta inusual a una situación de la misma índole o es el profesionalismo que tanto los elementos de fuerza civil, como los de la fuerza penitenciaria reciben en la Universidad de Ciencias de la Seguridad? ¿Es acaso este el protocolo que se debe seguir para con mujeres, niños y algún hombre que con todo derecho estaban pidiendo información sobre sus familiares que se encuentran al interior de las instalaciones? Las palabras y los discursos ejemplifican, más los hechos arrastran o muestran lo que la jerga institucional esconde.
Ahora bien, ¿Es esto una mera descripción de lo que aconteció o es buscar visibilizar la relación necrótica que existe a niveles políticos e institucionales? Relación donde decidir quién puede o debe morir tiene la menor de las relevancias, ya que, por ser personas privadas de la libertad se cree que “no tienen derechos” “son unos malandros” “le hicieron un bien a la sociedad al matarlos” “déjenlos que se maten entre ellos“, expresiones que son típicas no solo de un alto porcentaje de personas que trabajan en ámbitos de seguridad pública o sus similares, sino también es el discurso de la mayoría de las personas de la sociedad, con lo que de facto muestran sus núcleos punitivos, estigmatizantes y excluyentes, los cuales no tienen que ser precisamente infundados, más sí tipificadores; es ahí donde se genera un fenómeno necrótico, en el que se justifica, acepta y promueve el matar a quien ha osado romper las reglas, normas o leyes establecidas, y se deshumaniza a quien está bajo custodia penitenciaria, aún sin conocer a detalle el porqué es que vive dicha situación, a su familia y a todo aquel que piensa o menciona que las personas privadas de la libertad tienen derechos y hay que respetarlos.
De esa manera, al naturalizar y aplaudir la muerte de mi par, mi semejante o del Otro, esto auspiciado por instancias políticas e institucionales, es entonces que nos debemos preguntar ¿Cuál es el panorama que a futuro se vislumbra en el horizonte de esto a lo que le llamamos vida, cuando el mismo Estado solicita a los familiares acepten que en el acta de defunción se atribuya a causas naturales la muerte de su familiar siendo que murió por herida de arma de fuego?