Tenosique, Tabasco, 23 de agosto de 2018
Al Estado mexicano
Al Presidente electo de México y su equipo de transición
A la Sociedad civil nacional e internacional
Impactados por el clamor de las familias de las víctimas de las setenta y dos personas migrantes que perdieron su vida hace ocho años en el rancho el Huizachal del municipio de San Fernando, Tamaulipas, queremos unir nuestra voz a la voz de los muertos, que siguen hablando, de sus familiares que siguen llorándolos, de las miles de personas, víctimas del cruel y letal desplazamiento humano que hoy padecen Centro y Sudamérica y que a pesar de todo siguen encaminándose al norte de nuestro continente en busca de una vida digna.
La masacre de San Fernando, Tamaulipas es el acontecimiento criminal que vino a evidenciar la política migratoria del Estado mexicano: una política dependiente de la política migratoria de los Estados Unidos que en síntesis la podemos encerrar en una frase: el total desprecio a la vida humana. Y que se ejecuta a través del cierre de fronteras utilizando sobre todo a los cuerpos de seguridad para la contención a través de la persecución salvaje, la extorsión y el trato humillante y deshumanizador dentro y fuera de las Estaciones migratorias. Política de detención masiva y de deportación de miles de personas sin conocer siquiera las causas de la expulsión de sus países.
La masacre de San Fernando, Tamaulipas exhibió el terrorismo de Estado, pues después de 8 años para nadie es desconocida la colusión de las autoridades con los grupos criminales que han llevado a nuestro país a los más altos índices de violencia a nivel mundial. El Estado mexicano no solo desprecia la vida de sus migrantes, de los migrantes de otros países. Desprecia también la justicia y el dolor de las familias que exigen resultados. Después de 8 años no hay justicia y los encargados de procurarla no tienen respuestas frente a las familias de los masacrados.
Las setenta y dos personas masacradas en San Fernando vinieron a evidenciar el clímax de violencia en contra de las personas migrantes que no les queda más que atravesar el territorio mexicano en búsqueda de mejores condiciones de vida. Violencia de todas las formas posibles que no solo no paró, sino que se hizo más cruel, se perpetuó e invadió todas las rutas migratorias de este país hasta convertirlas en abrumadores infiernos.
En ocho años hemos sido testigos del acelerado cambio en las dinámicas migratorias. La tenaz resistencia de las personas migrantes les ha hecho buscar nuevas rutas, mutar su identidad para seguir siendo clandestinos y pasar desapercibidos en un mundo que los desprecia y solo los busca para exprimirlos, o utilizar los mecanismos legales a su alcance para obtener un papel que les amortigüe tanto sufrimiento. Las personas han pasado de ser “migrantes “económicos” a “refugiados” que huyen de la violencia. Muchas organizaciones que los defendían y acogían han caído en esa trampa para diferenciar y ayudar solo a los que lo necesitan y no pueden regresar a su país de origen. Podemos decir que han construido un muro legal para impedir que todos avancen. Duele aceptarlo, pero el “llamado fenómeno migratorio es producido y alimentado por el mismo sistema”.
Contra toda esperanza debemos ser honestos con nuestra razón y adelantar que, con todo y las buenas intenciones del “nuevo gobierno”, las condiciones para las personas migrantes no mejorarán, pues el nuevo gobierno, antes de serlo no tenía ninguna propuesta para dignificar la vida de las personas migrantes mexicanas, centroaméricanas, latinoamericanas y extracontinentales. No está dentro de los planes del nuevo gobierno, en sus tres niveles, atacar profundamente las causas estructurales que catapultan a miles de seres humanos hacia el norte. Las miles de personas migrantes que han pasado por La 72 nos han enseñado a no creer en soluciones mágicas y a corto plazo. Basta mirar nuestros archivos: Sólo en el año 2018 hemos recibido más de 8,500 personas de las cuales 828 han sido víctimas de algún delito en México. De estas personas, hemos acompañado 174 denuncias ante la PGR y la Fiscalía del Estado de Tabasco. Estas autoridades se han negado sistemáticamente con sus obligaciones básicas de investigación y procuración de justicia. Del total de las denuncias que La 72 ha acompañado desde su fundación, ningún caso ha sido llevado a juicio, ni sentenciado a nadie. El 98% de los delitos denunciados ante la Fiscalía del Estado son cometidos en los mismos lugares; las autoridades cuentan con toda la información, pero no hay ninguna reacción. 700 personas se han animado a pedir refugio al Estado mexicano, pero solo han sido reconocidas como refugiadas 11 personas. Del total de personas que hemos recibido este año en nuestra casa, 532 son adolescentes de esos que llaman No acompañados y 577 vienen con su familia que en general es su madre sola, la mayoría de estos acompañdos, son menores de 9 años. Otro dato significativo es el número de personas de la comunidad LGBT, hasta ahora 51 en el 2018. Para todas estas personas, ¿cuál es la propuesta del nuevo gobierno? La del gobierno que se va ya la sabemos: criminalización, persecusión, detención, deportación, negación de protección, desaparición, muerte.
Desde la fe y la realidad de las personas migrantes, víctimas todas ellas de un sistema global que no los soporta, también podemos decir que la Masacre de San Fernando es el acontecimiento crimal fundante que vino a cuajar una lucha intensa a favor de las personas migrantes y desde donde muchas personas se han sumado de distinas maneras a la exigencia de justicia y muchas otras se han sumado al gran movimiento que recoge los esfuerzos en defensa de la vida y la dignidad de las personas migrantes.
Al presidente electo de México y su equipo de gobierno le exigimos que cuando entren en funciones:
1. La masacre de San Fernando y otras que se dieron en los años posteriores no queden impunes. Que se generen los mecanimos para llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación de los daños y a crear las condiciones para no volver a tener este tipo de crimenes de lesa humanidad en nuestro país.
2. Cambiar radicalmente la política migratoria de México, empezando por las personas que estarán al frente de las instituciones afines. No se puede encargar la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos a un político sin escrúpulos; no se puede confiar el INM a un policía, a un soldado, a gente que no conozca la vida y las maneras de morir de las personas migrantes. México tiene la oblicaión de recuperar sus brazos abiertos hacia toda aquella persona que tenga que salir de sus país por ser víctima de un sistema global injusto e inhumano. Para lograrlo, es necesario diseñar una política migratoria desde abajo, desde las personas migrantes, quienes son quienes la viven y la padecen.
3. Tenosique y otras ciudades del país deben ser reconocidas como ciudades “receptoras” de personas vícitmas de desplazamiento forzado. E invertir todo en infraestructura, funcionarios públicos, procuración de justicia y medidas para lograr un blindaje social en torno a las personas migrantes como sujetos de derechos.
4. Que cese la persecusión y el hostigamiento contra las personas y las organizaciones que acogen, protegen y defienden a las personas migrantes. No son pocas las personas que han sido víctimas de la intimidación y la represión no solo del crimen organizado, sino del Estado mismo, utilizando el sistema penal, el abuso del poder o los mecanimos a su alcance para intimidar y/o frenar su trabajo.
5. Será necesario que el gobierno municipal y el gobierno del Estado de Tabasco se acerquen a las personas migrantes con una perspectiva sencible que respete, proteja y garantice los derechos humanos. Entonces podrán trabajar por un municipio y un Estado incluyentes.
La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes
Tomado de: https://la72.org/comunicado-viii-aniversario-de-la-masacre-de-las-y-los-72-migrantes/
