Por Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan.
A seis meses de que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán (CRAC-PC) cumpla 24 años de su creación, como un sistema de seguridad y justicia puesto al servicio de los pueblos indígenas de la Costa Montaña, es asesinado el coordinador Julián Cortés Flores.
El pasado viernes 12 de abril al filo de las 3:30 de la tarde, cuando salía de la casa matriz fue agredido a balazos por personas desconocidas. Lo interceptaron antes de que cruzara la calle Vicente Guerrero, en la esquina que lleva a la Iglesia de San Isidro. Julián no acostumbraba llevar guardias para su seguridad, sobre todo cuando realizaba actividades particulares. Esto lo sabían quienes planearon privarlo de la vida, por eso lo hicieron a unos metros de las instalaciones de la CRAC.
Fue un atentado no sólo contra una autoridad nombrada en asamblea, sino contra todo el sistema de seguridad y justicia que ha luchado por el reconocimiento constitucional de sus derechos y ha contribuido a brindar seguridad y aplicar justicia en una región de alta conflictividad social.
A lo largo de los años los coordinadores de la CRAC han sido foco de agresiones, sobre todo por parte de las autoridades del estado, quienes siempre se han opuesto a que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la libre autodeterminación. Desde sus orígenes se giraron órdenes de aprehensión contra los comisarios municipales, que en las asambleas regionales asumían el cargo de coordinadores. Varios de ellos han sido encarcelados, acusados de secuestro, privación ilegal de la libertad, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos.
Hace 20 años fueron citados por el secretario de Gobierno y todo el aparato de seguridad del estado para darles un ultimátum a los coordinadores. Expresamente les manifestaron que no permitirían que la Policía Comunitaria se constituyera como un sistema normativo regido por sus usos costumbres. Tanto el Ejército como la PGR, la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y el mismo Tribunal Superior de Justicia cerraron filas para impedir que los pueblos indígenas contaran con sus policías comunitarios.
Las autoridades de los pueblos respondieron que su interlocución no podía ser con los encargados de la seguridad, sino con el ejecutivo estatal por ser la autoridad política de la entidad. Como coordinadores también asumían una responsabilidad política y no de policías, por eso emplazaban a un diálogo de alto nivel. Por otra parte manifestaron que la autoridad máxima del pueblo era la asamblea regional, y que en ese espacio determinarían qué hacer ante este ultimátum dado por los representantes del aparato de seguridad del estado.
La respuesta fue contundente, los pueblos de la Costa Montaña realizaron una marcha multitudinaria en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde mas de 4 mil personas salieron a las calles a defender su sistema de seguridad y justicia comunitario. Demostraron su determinación de no claudicar en este proceso de conformación de un movimiento basado en los derechos colectivos reconocidos internacionalmente.
Desde 1998 hasta la fecha existe una disputa entre los pueblos indígenas que han consolidado su sistema de seguridad y justicia, con la conformación de cuatro sedes, con el ejecutivo estatal en turno, quien en todo momento ha intentado desconocer y colocar fuera de la legalidad un movimiento de base comunitaria que ha demostrado ser exitoso en la protección de los derechos de la población indígena.
La misma Fiscalía se ha encargado de criminalizar el trabajo de los coordinadores y los policías comunitarios. Se han realizado detenciones por consigna, al grado que la misma población se ha visto orillada a movilizarse para exigir la libertad de los detenidos. Se han dado momentos muy tensos, cuando sucedió la detención del sacerdote Mario Campos y de un coordinador de la CRAC. La reacción fue contundente, la asamblea después de analizar que estas detenciones eran arbitrarias con el fin de atemorizar a la población, determinó traer a los policías ministeriales y al mismo juez ante las instalaciones de la CRAC en san Luis Acatlán para que explicaran el motivo de las detenciones de sus autoridades. El diálogo que se tornó ríspido en ciertos momentos logró que se llegara a un acuerdo de que se liberaría a los detenidos y se respetaría el trabajo de la CRAC.
Estas luchas dieron pie para que en el 2011 se reconociera en la constitución local el sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC y se contara con la Ley 701, que expresamente le daba un estatus jurídico homologado a los sistemas de seguridad y justicia del estado. Fue una conquista histórica donde el poder Legislativo atendió las demandas de los pueblos y lo supo plasmar en estas normas.
El triunfo jurídico y el éxito alcanzado en la región por parte de la Policía Comunitaria ha sido ignorado y vilipendiado por la clase política del estado, sobre todo, por los grupos de poder que han visto amenazados sus intereses. Los caciques locales siempre se han opuesto a que la CRAC desempeñe sus funciones de prevención del delito, de procuración y administración de justicia y de reeducación. Se han aliado con los partidos políticos, diputados y presidentes para hacer un bloque contra este movimiento emancipador de los pueblos. Por ello la legislatura pasada hizo causa común con el ejecutivo estatal al final de su mandato, para imponer una contrareforma al artículo 14 constitucional y a la Ley 701 para borrar de las leyes del estado al sistema de seguridad y justicia comunitaria, desconociendo a la CRAC y a la Policía Comunitaria.
Esta embestida desde las esferas del poder del estado no sólo es para colocar fuera de la legalidad el trabajo de la Policía Comunitaria, sino para alentar su persecución y promover su desarme y desmovilización. Es un mensaje claro contra los pueblos que se organizan para hacer efectivos sus derechos y para ejercer su libre autodeterminación. Se percibe que para las autoridades estatales, estas formas de lucha son una real amenaza al status quo. A un modo de gobierno que no tolera el pluralismo jurídico porque atenta contra los intereses económicos enquistados en los aparatos de seguridad y justicia del estado.
En un contexto de alta conflictividad social donde los grupos del crimen organizado expanden su fuerza y toman el control de varios enclaves donde permean negocios ilícitos, las autoridades del estado se muestran débiles y hasta condescendientes con sus actos delincuenciales. No vemos que exista una estrategia orientada a contener esta fuerza destructora, por el contrario, se deja que hagan el trabajo sucio donde se gestan procesos comunitarios que buscan recuperar el orden y garantizar la seguridad de los pobladores.
No sólo se toleran la presencia de grupos que aterran a la población, sino que se confabulan con personajes de la política y establecen acuerdos con miembros de las corporaciones policiacas. Con este contubernio han llegado al extremo de autodenominarse policías comunitarios, para escudarse en una figura legal y legítima de los pueblos que defienden sus derechos. Se ha permitido que proliferen estos grupos para generar confusión y dar pie para el descrédito y la descalificación del trabajo responsable y comprometido de la CRAC.
La infiltración del crimen organizado en los aparatos del sistema de seguridad del estado también quiere reproducirse dentro del sistema de seguridad comunitaria. Se ha buscado de diferentes maneras doblegarlo y debilitarlo. Se han dado varios intentos de generar divisiones, de fracturar a la CRAC y de debilitar los órganos que toman decisiones. Se ha aprovechado el desgaste que se ha dado por los trabajos tan extenuantes y por la falta de una estrategia que hagan sostenible el sistema comunitario, para cooptar a sus dirigentes y generar desconfianza y desánimo al interior de la CRAC.
Han sido momentos difíciles, porque no sólo hay que lidiar con esta estrategia gubernamental de fracturar y debilitar a la CRAC y de imponerle otro rumbo y otra agenda, sino porque tienen que hacer frente a los grupos del crimen organizado que no están dispuestos a ceder sus espacios, donde han logrado establecer negocios ilícitos. Han pasado todas las pruebas, de la persecución, los encarcelamientos, las amenazas y las campañas de descrédito, sin embargo, el asesinato del coordinador Julián Cortés es ya un golpe artero a todo el sistema, es una acción criminal que quiere destruir la vida de las autoridades, como la forma más cruenta de emprender una guerra contra la CRAC.
Esta tragedia obliga a los pueblos a tomar en sus manos el sistema de justicia comunitario que nació en las entrañas de las asambleas, para defender la vida de la gente pobre. No podemos permitir que esta acción delincuencial vulnere el patrimonio de las comunidades que está enraizado en sus derechos reconocidos internacionalmente. Es urgente atender el llamado a la unidad que están haciendo los coordinadores de la CRAC, y reivindicar el trabajo y la lucha del compañero Julián, que en medio de su pobreza mantuvo en alto el nombre de su pueblo, de no permitir que otros intereses ilícitos se pongan por encima de un sistema que ha honrado a compañeros que han caído por defender a la CRAC-PC.
Publicado originalmente en la página de Tlachinollan: www.tlachinollan.org/opinion-unidad-en-defensa-de-la-crac-pc/
