Por Javier Hernández Alpízar
Georg Christoph Lichtenberg decía que en la diferencia entre lo que pagamos a quienes nos gobiernan y a quienes educan a nuestros hijos se puede ver que somos una sociedad de esclavos.
En el contraste entre el lujo con que se desenvuelven los diputados y senadores y la precariedad de las escuelas públicas se puede ver cuáles son las prioridades del Estado. Los legisladores tienen protectores plásticos transparentes para prevenir contagios, en cambio las escuelas públicas tienen que pedir a madres y padres de familia que vayan a limpiar y sanitizar las escuelas e incluso que donen escobas y trapeadores. La SEP, al parecer, no tiene personal de intendencia, y si lo tiene, son aviadores que no han cortado ni la maleza. Las madres y padres de familia tienen que hacerlo.
Las supuestas ventajas del regreso a clases no existen: si las madres y padres creían que dejarían a sus hijos en la escuela y podrían irse a trabajar, será ahora más complicado porque los chicos irán solo una o dos veces a la semana por una hora y media. Llevarlos y traerlos les costará más tiempo.
Si el argumento era que las y los niños van a socializar, no será posible, porque deben estar a distancia, en un grupo de no más de 8 o 9 estudiantes por salón, porque las escuelas no cuentan con espacios suficientes para más.
Los maestros y maestras tienen que estar a distancia de los menores y cuidar que ellos no se acerquen demasiado entre sí, que no se saluden de mano, ni se abracen ni se quiten el cubrebocas.
Las escuelas no tienen la infraestructura para que los maestros y maestras den clases en línea desde su plantel. Eso duplicará el trabajo de los docentes, quienes deberán dar clases presenciales en su escuela y clases a distancia desde su casa, con su propia conexión de red, pagada por ellos mismos, porque la ley que prescribe a los patrones a compartir los gastos de internet y energía eléctrica por teletrabajo obliga a los particulares, pero no al gobierno.
Las y los maestros tendrán más trabajo por igual salario e incluso tendrán que correr el riesgo de contagiarse, por ejemplo, tendrán que seguir protocolos especiales para revisar tareas en libretas o cuadernos para no contagiarse ellos o contagiar a un alumno. La vacuna Cansino que les pusieron a los maestros y maestras es una de las que tiene menos protección y durante menos tiempo. El gobierno no quiere poner segundas dosis, ni vacunar a menores de 18 años, con el mismo argumento con el que generó el desabasto de medicamentos: la voracidad de las empresas farmacéuticas.
A los estudiantes les exigirán un certificado médico de una institución oficial, en un país en el que muchos mexicanos no tienen IMSS, ISSSTE ni INSABI, donde ya desapareció el Seguro Popular y donde las personas han tenido que gastar mucho dinero en salud acudiendo a médicos privados (a los que el gobierno se negó a vacunar y les dijo “esperen su turno”). Muchas personas están yendo con síntomas de covid al doctor Simi y demás consultorios adjuntos a las farmacias, cuyos médicos no están vacunados si no les ha tocado su turno por edad.
Si pensaban librar a las y los niños de la violencia intrafamiliar y de género, que recientemente la Segob reconoció (y que el presidente negó durante los anteriores picos de pandemia), los librarán por apenas una hora y media o a lo sumo tres horas en la escuela, el resto del tiempo seguirán en casa, expuestos a la violencia intrafamiliar y de género.
Los libros de texto aún no están listos. Todavía tendrán que esperar para recogerlos.
En escuelas que no tienen las condiciones físicas, materiales y sanitarias para recibir a los menores, improvisan protocolos para simular el regreso a la “normalidad” y la responsabilidad, la delega el gobierno en las madres y padres de familia, incluso sin la carta compromiso que el primero quiso imponer y luego negó mentirosamente que haya existido. Parte de la improvisación descansa en hacer más pesadas las condiciones de trabajo del personal docente: exactamente el mismo cuadro que cuando se improvisó el confinamiento.
Las y los niños no son consultados, son invisibilizados por el Estado. Están haciendo con ellos el experimento de ver qué pasa si “corremos el riesgo”.
Por razones muy ajenas a los niños, a los gobernantes se les ha ocurrido imponer el regreso a clases presenciales cuando estamos en el tercer pico de contagios, con variantes más contagiosas, como la Delta, que están atacando más a los jóvenes, adolescentes, niños y niñas.
Si muchos padres y madres deciden no enviar a sus hijos a la escuela, no los culpemos: con medidas improvisadas y escuelas sin recursos ¿quién puede sentir confianza?
