Por Javier Hernández Alpízar
En este nuevo inicio del ciclo escolar básico 2023 (primaria y secundaria), las y los niños y adolescentes recibirán nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Esto, en medio de una discusión y polémica pública acerca de su calidad y pertinencia, amparos y suspensiones que, como es costumbre del gobierno actual, serán desacatados, y con la imposición de facto de una reforma educativa desde arriba, sin consenso, sin la participación de las y los trabajadores de la educación, mucho menos de madres y padres de familia, estudiantes y sociedad en general, en un momento en que la sociedad mexicana está desmovilizada por un gobierno de “revolución pasiva” o populismo.
Sin entrar la discusión de los contenidos de los libros (algunos pueden revisarse en línea en la página Docentes al día: https://docentesaldia.com/), podemos comentar un aspecto muy importante: la imposición unilateral de un cambio en los contenidos, los libros, los métodos de enseñanza-aprendizaje y, de facto, los planes y programas de estudio, imposiciones que violan el derecho de todos los involucrados (la sociedad entera, en principio), de todos aquellos a quienes concierne el asunto, la cosa, cosa pública.
Desde el punto de vista de la participación democrática, derecho consagrado en una ley aprobada bajo este gobierno incluso, lo más importante no es un proyecto de supuesta vanguardia, sino que lo que se ponga en operación sea resultado de un amplio proceso de participación y de consensos de todos los concernidos, repetimos: trabajadores de la educación, madres y padres, estudiantes, sociedad en general.
Comportarse como una supuesta vanguardia iluminada que va a traer la luz revolucionaria imponiendo una reforma educativa desde arriba es autoritario, antidemocrático, ilegal y violatorio de diversos derechos humanos y políticos, entre ellos el derecho a la educación y a la participación.
Otro caso, si se quiere más grave todavía, es la cancelación de 35 normas oficiales (NOM) de salud relativas a los protocolos en hospitales, centros de salud y clínicas públicos. Este gobierno desmanteló de facto el sistema de salud, lo precarizó, lo ha dejado sin abasto suficiente de medicamentos de todo tipo, incluidos medicamentos para el cáncer y para padecimientos mentales, reactivos para análisis de laboratorio, e incluso en algunos casos, sin papel para imprimir nuevos carnets a los pacientes, y ya de equipo para estudios como mastografías, ultrasonidos, rayos equis, resonancias y demás, mejor ni hablar.
Al desaparecer normas que permitirían a los pacientes y derechohabientes reclamar deficiencias de atención a consecuencia de esos desabastos y la precarización de los servicios de salud públicos, se deja a las personas desprotegidas, legalmente desamparadas, violando así derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la vida.
Primero violan las leyes y el derecho humano a la salud y luego desaparecen la ley para que nadie pueda reclamar la violación a sus derechos. Es la fórmula perfecta para decir que este gobierno no viola derechos humanos, cancelar las leyes que los amparan. Pero los derechos son inalienables, así que la supresión de esas normas es de suyo violatoria de derechos.
Son solamente algunos botones de muestra de las muchas y graves violaciones a derechos humanos que está perpetrando este gobierno, que se pretende del cambio, la transformación y el progresismo.
Cada informe de derechos humanos que aparece documenta, en la medida en que es posible, dada la restricción, resguardo y reserva de la información (por ejemplo: los documentos de cómo se elaboró la reforma educativa criticada han sido reservados por cinco años), así como la inhabilitación de facto del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cada informe, decíamos, nos muestra cómo durante cada minuto, día, semana de este sexenio, han sido violados gravemente derechos humanos como el derecho la vida, a la salud, a la educación, a la libertad, a la certeza jurídica, derechos de mujeres y niñas, niños y adolescentes, derechos de las víctimas de desaparición, asesinato, feminicidio, secuestro, extorsión, cometidas por privados y por autoridades.
Bastarían tres ejemplos: uno, el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: “Chiapas, un desastre”; dos: el veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, por el ecocidio y genocidio que implicó la imposición militar del tren maya, y tres: el último informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), presentado antes de irse de México por la falta de voluntad del gobierno para entregar y transparentar la información que permita el acceso a verdad y justicia en el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El informe “Chiapas, un desastre” (https://frayba.org.mx/index.php/informe-frayba-chiapas-un-desastre) documenta violencia grave contra comunidades indígenas y contra ciudadanos chiapanecos en general, ya no solo por la contrainsurgencia antizapatista, herencia de Zedillo que todos los posteriores gobiernos, incluido el actual, han continuado, sino la grave violencia del crimen y la delincuencia que asuelan a Chiapas, como a casi todo el país.
La sentencia que condena el Tren Maya (https://www.rightsofnaturetribunal.org/wp-content/uploads/2023/07/Tren-Maya-FINAL-26.06-SIN-firmas-VERSION-FINAL.pdf) documenta la destrucción de ecosistemas, daños a las comunidades indígenas y violación a los derechos indígenas mediante la imposición de los megaproyectos y la falsificación de la participación, por simulación de consultas.
El informe del GIEI (todos los informes del GIEI pueden ser descargados desde la página https://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-), con el que se despide del país, señala que si bien se abrieron ciertos documentos que permitieron adelantar la investigación, también se ha negado el acceso a otros documentos que permitirían ir al fondo del caso y dar con el paradero de los normalistas, así como encontrar la verdad del caso y llevar a la justicia a los perpetradores. Sin embargo, hay en el fondo un pacto de impunidad y silencio que no se rompe tampoco en este sexenio.
Como expresó hace algunas semanas el analista de temas de seguridad y libertad ciudadana Carlos Fazio, el régimen actual es un gobierno de necropoder y contrainsurgencia, pues no solamente viola derechos humanos sino que decide quién vive y quién muere, por ejemplo, al negar el acceso a medicamentos y atención en salud. Además, desprecia a los familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, y lo hace en nombre de la defensa de una imagen de gobierno y una eterna campaña electoral populista, o como ellos mismos dicen: lo que este gobierno hace es politiquería.
