Por Javier Hernández Alpízar
Pocos, muy pocos, están acusando recibo del cambio de régimen que está ocurriendo ante nuestros ojos. El fin de la “transición a la democracia” con una vuelta en u a la “dictadura perfecta”, es decir, un régimen autoritario de elecciones pero sin democracia como el del siglo pasado. Así que aquí va una botella al mar, con estas líneas.
Por supuesto que la ciudadanía mexicana, la sociedad civil, la sociedad de una población de 120 millones de habitantes, no es gobernada por la votación de una mayoría cuando quien la gobierna gana con 30 o 35 millones de votos. Si el padrón electoral es de casi cien millones de ciudadanos, 35 millones de votos son el 35% del padrón. Claramente 35% no es mayor que el 65% (65 millones de personas que no votaron por esa minoría ganadora). Si el total de los habitantes es de 120 millones, es menos del 35% el que votó por la minoría ganadora. De hecho, 35 millones de votos son el 29.1% de los 120 millones de mexicanos. Pero los populistas redefinen el “significante vacío pueblo” y dicen: “mis electores son el pueblo, mis opositores son los traidores a la patria.”
Luego, los atropellos continúan si a consecuencia de la votación, y aplicando de manera abusiva y tendenciosa la ley, a la coalición de partidos ganadora (Morena y sus dos partidos satélites: Verde y PT) les asignan una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados de un 16% o más, obviamente muy por encima del 8% que pone como límite la Constitución. En la cámara de senadores, los ganadores de la elección están a dos votos de tener la mayoría calificada que les permitirá hacer modificaciones constitucionales sin necesitar ni un voto de la oposición. Con un par de “reclutamientos” que hagan, lo consiguen.
Las reformas que plantea el llamado “Plan C” del obradorismo implican cooptar o capturar al poder judicial, para ponerlo al servicio del poder ejecutivo, como ya lo está el legislativo. Con ello, en los hechos, desaparece la división de poderes: se concentra el poder en uno solo, el ejecutivo, que tiene a los otros dos poderes no como sus iguales, como equilibrios y contrapesos, sino como sus empleados y sus leales servidores.
Se cumple el ideal de Porfirio Díaz, desaparece la política y queda solamente la administración. El nuevo gobierno será la versión mexicana del tecnoporfirismo: gobernar no será discusión, búsqueda de consensos y disensos, sino, como pensaba Sheinbaum de las elecciones, será un “trámite”: Los legisladores levantarán el dedo, los jueces y magistrados de la SCJN se negarán a declarar inconstitucionales las leyes que lo sean. Y los ciudadanos, en lo individual o en colectivo quedan así a expensas del poder, del único poder.
Es un cambio de régimen, el paso de una democracia burguesa, procedimental, bastante defectuosa, a un régimen postdemocrático: ya los teóricos debatirán si se trata de un régimen autoritario o iliberal, si de un populismo o una “democracia autoritaria”.
En términos clásicos, teóricos de Aristóteles a los italianos del siglo XX (Bobbio, Bovero, Ferrajoli, Sartori), y no solo ellos, han explicado que el cambio de un régimen con Constitución y estado de derecho (el gobierno de las leyes y no de los hombres) a uno donde impera la voluntad del o de los gobernantes (“ninguna ley está por encima de la autoridad política”, dijo Obrador) es la corrupción del régimen: La corrupción de una monarquía es la tiranía, la corrupción de una aristocracia es la oligarquía y la corrupción de una democracia es la demagogia, el populismo y la tiranía. Lo que ha resumido la sabiduría anónima como: “todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Sin un poder judicial autónomo, quienes defienden el territorio o los recursos naturales, el medio ambiente, la naturaleza, o los derechos humanos que sean, no contarán con los amparos para intentar frenar megaproyectos o gentrificaciones, militarización o cualquier otra política de gobierno que impulse el desarrollo a costa de la naturaleza o del tejido social comunitario en el territorio nacional. Esa no es una tiranía de la mayoría, sino la tiranía de la acumulación militarizada de capital (Tren Maya, Corredor Interoceánico y lo que venga…)
Si a esto sumamos la casi segura desaparición, o la desnaturalización de los organismos autónomos, para dejar solamente los nombres, pero desarticulando o recomponiendo sus funciones y tareas: desparecerán el INE, el INAI; el INEGI, etcétera. Quedará la administración de un gobierno que, a la manera en que lo ha expresado Michel Foucault, produce su verdad: La verdad será lo que el poder diga. Lo demás no existe. A la posdemocracia la acompaña la posverdad, y con ella, los “otros datos” serán los únicos datos. El periodismo de investigación serán “fake news” y la verdad la dirá el Gran Hermano o la Gran Hermana, desde su púlpito mediático.
Sin manera de obtener información sobre el gobierno e instituciones, la corrupción podrá campear a sus anchas bajo el manto de la opacidad o la secrecía de la “seguridad nacional”.
Disfrutar de la “venganza” por la desaparición de partidos odiosos y por la desaparición de plurinominales, es nada más una victoria pírrica (“satisfacción vicaria”, como ha venido diciendo Arizz): porque queda un solo poder, un solo partido, una hegemonía sin quien la contradiga ni se le oponga.
Ah, pero eso sí: seguirá habiendo elecciones, y hasta algún o algunos partidos que jueguen el papel del payaso de rodeo, que soporten las campañas de odio y vayan a las elecciones ya derrotados por las encuestas, a ganar escaños insuficientes para ser un contrapeso, incluso para ser escuchados, pero será suficiente para pretender que ese gobierno es “democrático”. Nos gobernarán las encuestas, como lo que ha venido pasando, pero ya estructural y sistemáticamente, y, desde luego, ya legalizado.
Y como no dejarán reglas que permitan la pluralidad y desaparecerá la incertidumbre en las elecciones, pues el partido del gobierno gana siempre, por décadas: el espejo del periodo priista será un reflejo harto conocido.
México lo volvió a hacer: regeneró la “dictadura perfecta” que impresionó a Vargas Llosa: y sin una toma violenta del poder, solamente con un populismo carismático y reformas constitucionales que son de facto el tan cacareado golpe blando.
